Los disturbios por Hásel costaron 1,1 millones a Barcelona

La violencia de un sector de los que protestaron en las calles de Barcelona contra la sentencia del rapero Pablo Hasél dejó a la ciudad una factura final de 1.109.721 euros en daños, que no incluye los graves perjuicios que sufrió el comercio de las zonas afectadas. El cómputo final está encabezado por las partidas de contenedores quemados (441.000 euros) y en repavimentación (307.000), pero abarcan el mobiliario, la vegetación y otros elementos del paisaje urbano.

Las cuentas han trascendido a través del grupo municipal de C's, que las solicitó desglosadas a finales de febrero. En el documento facilitado por el gobierno de Colau se refleja la gravedad de la primera semana de altercados, del 16 al 21 de febrero, cuando los estropicios ya superaron el millón de euros. La semana posterior fueron 84.250, a los que hubo que sumar finalmente otros 9.800 tras la manifestación del 6 de marzo.

El día con un balance más negro fue el 18 de febrero, cuando los actos vandálicos de algunos grupos de manifestantes radicales se tradujeron en más de 266.000 euros de daños a la ciudad. Tras dos semanas de conflictos, la factura municipal incluye también más de 57.000 euros para reparar semáforos, otros 15.000 para señalización dañada, 11.300 en el arbolado y 7.500 para limpiar pintadas. Sin olvidar la inversión de 51.000 euros en la retirada preventiva de contenedores en algunas zonas para evitar males mayores. Cabe recordar que al margen de los actos violentos contra elementos públicos, también se registraron otros 1,4 millones en daños en los comercios del paseo de Gràcia.

Críticas a la gestión de Colau

Visto el parte, la presidenta del grupo municipal de Ciutadans, Luz Guilarte, ha tachado de “inadmisible la impunidad de la que gozan los violentos con la complicidad del gobierno municipal”, ya que considera que Colau y sus socios del PSC no dieron "una respuesta contundente contra los radicales que destrozan la ciudad”.

Sostiene que la alcaldesa no actuó "con determinación para frenar la violencia”. La concejala naranja, que defiende acabar con "esta Barcelona sin ley que ampara a quienes causan graves daños a comerciantes y vecinos", insiste en que el ayuntamiento se persone como acusación particular contra los detenidos para que estos "asuman el coste de los daños y destrozos causados y no el conjunto de la ciudadanía”.