El gimnasio social Sant Pau demandará al Ayuntamiento de Barcelona

El Gimnasio Social Sant Pau ha anunciado este lunes que demandará al Ayuntamiento de Barcelona por negar el derecho a la vivienda a 1.066 personas -las actuales usuarias del equipamiento, que la pandemia ha reconvertido en servicio de duchas para personas sin hogar- y por la destrucción del patrimonio histórico, por la no protección de la casa-fábrica (arquitectura típica del Raval) en la que se desarrolla el proyecto. La cooperativa ha comunicado también que han procedido a informar de la crítica situación en la que encuentra el gimnasio al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Síndica de Greuges, quien les ha arropado en la rueda de prensa.

Este nuevo episodio en la convulsa historia de este equipamiento del Raval, famoso por no cerrarle las puertas a nadie, se produce transcurridos los dos meses que se dieron ayuntamiento y propiedad para alcanzar un acuerdo tras la paralización de la última amenaza de desahucio (ya había habido varias antes, siempre paradas gracias a la tenacidad de los entregados miembros del proyecto y al apoyo popular). Un acuerdo que, sobra decir, no ha llegado, y desde el gimnasio entienden que ha sido porque el ayuntamiento no ha hecho sus deberes para solucionar un conflicto que lleva ya muchos años abierto.

Punto de inflexión

El detonante de la presentación de la demanda, además del no acuerdo, que vuelve a reactivar el desahucio de la piscina más antigua de la ciudad, ha sido que el consistorio diera luz verde a la licencia de derribo y construcción en relación con el edificio sito en Ronda de Sant Pau, 46, enclave en el que esta organización tiene su sede, licencia que había sido solicitada en el año 2019.

En los últimos años el Gimnasio Social Sant Pau ha desarrollado una importante laboral en el terreno de la salud comunitaria en el Raval y en Barcelona; actividad que se ha pronunciado especialmente durante la pandemia, tiempo en el que, de forma conjunta con los Servicios Sociales, se han realizado 53.209 servicios de ducha a personas sin hogar, se han entregado 53.209 mudas, se han realizado más de 43.012 servicios de comida y han sido atendidas más de 1.066 personas en situación de extrema vulnerabilidad, personas que han encontrado en el Gimnasio Social Sant Pau "su hogar", señalan los cooperativistas.

"Una mínima libertad"

"Un hogar entendido como un lugar donde han podido encontrar una mínima libertad y unos servicios básicos (como ducharse o cambiarse), un lugar para descansar y reponerse, un lugar para comer y estar a salvo. El concepto más básico de hogar", prosiguen desde el equipo del Sant Pau, quienes señalan que entienden "lícito y dentro del derecho de propiedad" que esta haya pedido los permisos de derribo y construcción; pero subrayan que "únicamente piden al ayuntamiento su suspensión hasta que se pueda dar una solución habitacional digna a las más de 1.000 personas sin recursos que hoy consideran el Gimnasio Social Sant Pau como su hogar". Si eso no es posible- añaden- algo altamente probable- apuntan que, como ya había aprobado el consistorio por unanimidad en un pleno, se ejerza el derecho de expropiación.

Fuentes municipales responden que siguen negociando con la propiedad para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes "y lo seguirán haciendo hasta el último minuto".