La Generalitat olvida servicios básicos del Barcelonès tras disolverse el Consell Comarcal

El pasado diciembre, asociaciones de personas con discapacidad del Barcelonès -entre las que están la plataforma Deixem de Ser Invisibles y Temyque- se pasaron 24 horas llamando de urgencia a los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. ¿El motivo? La empresa Taxi Amic SL, que presta en estos municipios el servicio de transporte esporádico adaptado (en taxi) a unos 4.300 usuarios, había cortado su servicio tras ser notificada de que “no había dinero para cobrar”, recuerdan fuentes de la compañía.

“Llamábamos y no contestaban; nadie nos avisó y eran días cercanos a fiestas en que incluso usuarios no habituales requerían traslados”, afirma Carmen Arana, presidenta de Temyque, quien asegura que a finales de diciembre volvió a haber otro parón más breve del servicio.

El de transporte esporádico adaptado se enmarca entre los servicios básicos del Barcelonès que la comisión liquidadora del extinto Consell Comarcal del Barcelonès, dependiente de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, no paga a las empresas prestadoras de dichos servicios desde hace varios meses, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO.

Un impago total de más de 200.000 euros

En el caso de la compañía Taxi Amic SL, prestadora del servicio de transporte adaptado, la deuda de la comisión liquidadora hace referencia a las facturas correspondientes a "la mitad del ejercicio del 2019", apunta la compañía, lo que equivale, según los datos de contratación pública, a una deuda de más de 100.000 euros. "Damos el servicio como si no pasara nada, pero no lo cobramos; seguimos por las connotaciones sociales que tiene", admiten fuentes de Taxi Amic SL.

"Necesitamos cobrar para mantener a los animales", dice la directora financiera de la Fundació Daina, afectada por los impagos

La otra entidad que está sufriendo los impagos de la Generalitat al prestar un servicio básico en el Barcelonès es la Fundació per a la Defensa dels Animals y la Natura (DAINA), organización sin ánimo de lucro de la Protectora de Animales de Mataró, que gestiona el Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC), el cual le supone a DAINA el 50% de su facturación anual de servicios públicos.

Esta fundación, que cuida a un cententenar de perros y una treintena de gatos del CCAAC, tiene pendientes de cobro facturas por valor de 110.190,76 euros (de septiembre a diciembre del 2019), certifica Marta Masmitjà, directora financiera de DAINA. "La situación es muy crítica, necesitamos cobrar para mantener el bienestar de los animales", reclama Masmitjà, que tilda a los impagos de "pesadilla". La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat no ha contestado a las preguntas de este diario sobre el porqué de los impagos.

Los ayuntamientos hablan de "negligencia"

La obligación de la comisión liquidadora del Consell Comarcal de pagar las facturas pendientes emana del Decreto 193/2019, de aprobación del traspaso de competencias del Consell, que encarga a la citada comisión "hacer seguimiento y velar por el proceso de traspasos y de liquidación" del Consell, además de facultarla para "aquellas actuaciones que sean necesarias para la administración ordinaria" y "garantizar la gestión y prestación de los servicios" hasta la finalización del traspaso. Esta obligación, como corroboran ayuntamientos y empresas, no se ha cumplido.

Los ayuntamientos hablan directamente de "negligencia". Fuentes municipales de Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià explican que los consistorios han pagado su parte de cuota -la competencia, aunque delegada al extinto Consell, es municipal- para ejecutar los pagos: "Tesorería hay, pero alguien no ha hecho su trabajo para nombrar a un interventor que fiscalice las facturas", señalan desde las administraciones.

Marta Masmitjà, directora financiera de DAINA, enfatiza que "si no fuera porque los ayuntamientos se han comprometido a pagar al contado a partir del 1 de enero [fecha desde la que opera la nueva gestión post Consell], deberíamos haberlo dejado", reconoce Masmitjà, crítica con que "no nos han dado justificación del impago: nunca han dado la cara". "A la Generalitat le dan igual los animales", concluye.

"No sabemos cuándo cobraremos: va para largo"

Tras la disolución del Consell Comarcal, estas dos competencias municipales -transporte adaptado esporádico y gestión del CCAAC- que le habían sido delegadas han vuelto a los consistorios, que han llegado a acuerdos transitorios sobre su gestión.

En el caso del CCAAC, será de momento el Ayuntamiento de Badalona -municipio donde está ubicado- el que lo gestione, asumiendo con respecto a Sant Adrià y Santa Coloma una suerte de función supramunicipal, en tanto que estos dos consistorios pagarán a Badalona su parte del servicio. "No sabemos cuándo cobraremos: va para largo", agrega Masmitjà.

En cuanto al transporte adaptado, es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la que se ha subrogado en la posición del Consell Comarcal en el contrato de gestión mancomunada del servicio para Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. En este caso, apostillan fuentes municipales, computa como plazo máximo de cobro de las facturas la liquidación del presupuesto del AMB, cuando los interventores darán el visto bueno al pago de facturas pendientes.

El Consorci del Besòs como 'nuevo Consell Comarcal'

Una vez disuelto el Consell Comarcal, los ayuntamientos del Barcelonès concurren en reivindicar una necesidad: siguen requiriendo que un ente supramunicipal preste servicios mancomunados. Es decir, que de facto se produzca una herencia universal de gestión de competencias desde el Consell a otro organismo, y no que cada administración local se plantee individualizarla, tal y como hubiera ocurrido en caso de no entrar en juego la subrogación del AMB y la función supramunicipal del Ayuntamiento de Badalona.

Los ayuntamientos del Barcelonès reivindican a un ente supramunicipal que preste servicios mancomunados

"Algo hacía bien el Consell cuando se pone de manifiesto la necesidad de que un ente supramunicipal preste servicios mancomunados, debido al coste y recursos que supondría para los consistorios individualizarlos", valora Esteve Serrano (PSC), primer teniente de Alcaldía de Santa Coloma de Gramenet.

Filo Cañete (PSC), primera tenienta de Alcaldía de Sant Adrià del Besòs, expresa otro sentir mayoritario entre los consistorios: el recelo de que, en caso de sacar licitaciones municipio por municipio, las adjudicaciones de contratos pudieran quedar desiertas por el hecho de que a ninguna empresa -al contrario de lo que propicia la fórmula mancomunada, que economiza recursos- le pudiera ser rentable. El ejemplo más claro de servicio con este riesgo es el del transporte esporádico adaptado.

Estos miedos son los que han llevado a los consistorios a buscar la complicidad del Consorci del Besòs, ente supramunicipal con el que ya trabajan en temas de urbanismo, para que a medio plazo asuma funciones del extinto Consell Comarcal. De hecho, en la última reunión ejecutiva del Consorci ya se encargó la creación de una comisión para estudiar de qué forma este ente puede prestar mancomunadamente los servicios del Consell, y su gerente ya ha tenido conversaciones con los responsables de los consistorios.

Los dolores de cabeza de los consistorios

La primera tenienta de Alcaldía de Sant Adrià, Filo Cañete, cataloga de "horrorosas" las consecuencias de la disolución del Consell para los consistorios. "Nos hemos sentido muy solos; disolverlo fue una decisión legítima [impulsada por todos los grupos en el 2017], pero no se hizo una reflexión profunda sobre lo que sufriríamos los ayuntamientos, además del agravio de ser el único Consell Comarcal disuelto".

Cañete cuenta que, tras la disolución, su ayuntamiento "ya está usando recursos propios para pagar facturas [relativas al transporte adaptado fijo], algo que antes hacía el Consell Comarcal". Sant Adrià concretamente, al tener menos de 50.000 habitantes, no tiene competencia propia sobre el transporte esporádico adaptado, de manera que lo que ha delegado al AMB no es la competencia en sí de dicho servicio -como sí han hecho Badalona o Santa Coloma-, sino la prestación del mismo.

No tener la competencia, destaca Cañete, "es otro argumento para reivindicar el servicio mancomunado; a nivel individual podríamos prestarlo voluntariamente, pero al no haber competencia no tendríamos acceso a subvenciones ni ayudas". Fuentes municipales de Santa Coloma y Badalona también hablan de las dificultades del encaje de competencias en la nueva subrogación del AMB, que gestionará transitoriamente servicios durante este curso hasta hallar una solución de delegación definitiva.