El Consell Comarcal del Barcelonès se autodisuelve
Todos los grupos apoyan una moción que clausura la institución y encarga una auditoría
El pleno del Consell Comarcal del Barcelonès ha aprobado este miércoles por unanimidad su propia disolución. Todos los grupos han apoyado una moción que instaba a la clausura de esta institución por entender que sus funciones pueden ser asumidas por otros organismos, como el Àrea Metropolitana de Barcelona. La decisión de echar el cierre coincide con la investigación por parte de la fiscalía de varios de sus consejeros por el nombramiento de un cargo de confianza, y con las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes. Por estos motivos, la citada moción incluía también el encargo de una auditoría sobre las cuentas de la institución.
La resolución ha contado el apoyo de los siete grupos con representación en el consejo comarcal (PSC, PDECat, ERC, PP, Entesa, Ciutadans y CUP), después de que haya sido consensuado un texto fusionado a partir de una moción de ERC y otra del gobierno comarcal (dirigido por PSC y PDECat). Esquerra ha aceptado retirar su documento tras insistir en que el redactado final debía aludir a la obligación de colaborar con la fiscalía y la sindicatura.
Precisamente, el pasado martes la CUP pidió a la Oficina Antifrau que abra una investigación sobre las irregularidades halladas por la Sindicatura de Comptes en el funcionamiento del consejo y de empresas asociadas dependientes, como Regesa (que promociona y gestiona viviendas y aparcamientos) y Rassa (filial de la anterior). Los anticapitalistas han advertido en el pleno de que, si bien son favorables a la autodisolución, no permitirán es que esto sirva para tapar posibles casos de corrupción.
22 MILLONES DE PRESUPUESTO
La Generalitat ya se había planteado en el 2013, dentro de la ley de gobiernos locales, la clausura del Consell Comarcal del Barcelonès, que agrupa a los representantes de cinco ayuntamientos: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs. Ahora es la propia institución la que insta al Govern y al Parlament a suprimir el consejo "garantizando el traspaso de competencias a las instituciones que correspondan, con el correspondiente personal laboral" (una treintena de personas).
El consejo manejó el año pasado un presupuesto de 22 millones de euros y sus 39 miembros (alcaldes y ediles) gestionaban, por ejemplo, becas comedor, las rondas, los carriles bici e instalaciones como casas de colonias, albergues y campamentos.
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