19 feb 2020

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El fiscal reclama prisión para una red corrupta de pisos turísticos en Ciutat Vella

La acusación pública solicita entre un año y medio y 18 años de cárcel para los 22 acusados

Entre los imputados figuran ocho funcionarios municipales y propietarios de apartamentos

J. G. Albalat

Edificio en plaza Catalunya que podría albergar pisos turísticos .

Edificio en plaza Catalunya que podría albergar pisos turísticos . / JORDI COTRINA

Tramitaban presuntamente de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella; en algunos casos, a cambio de dinero. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre el año y medio y los 18 años de prisión para los miembros de una trama en la que figuran ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona y propietarios de viviendas, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La acusación pública atribuye a los 22 imputados delitos de diversa índole, entre ellos los de cohecho, prevaricación urbanística y amenazas.

Los principales acusados son Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris, la empleada pública y exasesora jurídica Elena Ariza y el ingeniero Joaquim Quílez. Para los dos primeros la fiscalía reclama 11 años y seis meses de prisión, mientras que para el tercero pide 18 años y medio, al imputársele, además, delitos de amenazas.

A otros cinco funcionarios se les pide por presunta prevaricación cinco años de prisión y a una sexta, un año y medio; más inhabilitación para todos. Los propietarios de viviendas se enfrentan, a su vez, a hasta a cinco años de prisión por el mismo delito y por cohecho.

El origen del caso

Este presunto caso de cohecho fue descubierto a raíz de otro proceso por corrupción de funcionarios públicos en relación con clubs de alterne (el ‘caso Saratoga’) en el que estaba imputado Quílez. En las entradas y registros practicados en su domicilio y en su despacho profesional se halló una hoja manuscrita con una lista de direcciones, nombres y locales y, al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas y pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias.

La fiscalía sostiene que, con el objetivo de abordar la problemática existente en Ciutat Vella por la proliferación de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio del 2005 un plan especial para establecer una regulación para este distrito. El consistorio prohibió la apertura en la zona de nuevos apartamentos de este tipo, permitiendo, no obstante, que aquellas viviendas donde se desarrollara esta actividad pudieran seguir haciéndolo siempre que previamente obtuvieran una licencia municipal urbanística de cambio de uso. Para obtenerla, se debían cumplir unos requisitos.

Pautas de actuación

Como a finales de diciembre del 2006 fueron presentadas ante el ayuntamiento de la capital catalana 675 solicitudes para obtención de  dicha autorización, el consistorio aprobó en abril del 2008 unas medidas de actuación. Estas pautas de actuación supusieron la creación de un equipo de trabajo dedicado "exclusivamente" a la tramitación de estas licencias, un grupo del que formaban parte seis de los funcionarios imputados, a los que el fiscal califica de "alto nivel técnico".

A fin de agilizar las gestiones para obtener las licencias, la principal asociación de explotadores de apartamentos turísticos contactó con Quílez y este logró así  "muchos" contratos de gestión. Iniciada la tramitación, según la fiscalía, este imputado contactó con Lozano, que era el director de los servicios técnicos de Ciutat Vella, y le propuso que a cambio de percibir una contraprestación económica "procediera a desarrollar las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación" de sus expedientes y "obviar" los defectos que pudieran concurrir en las solicitudes, "aun y cuando los mismos fueran de tal entidad que conforme a la normativa de aplicación debieran conducir a su denegación".

Desprecio a la Administración

La acusación pública subraya que Lozano, "obrando con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, así como con manifiesto desprecio por la Administración Pública", trasladó el acuerdo a Ariza, dada su condición de jefa de la asesoría jurídica del distrito y del operativo especial creado para tramitar las licencias. Ella se encargaría, "aprovechándose de su privilegiada posición", de lograr que los técnicos municipales pasaran por alto las irregularidades que pudiera haber en las solicitudes y de agilizar la tramitación de los expedientes.

Según Anticorrupción, "en fechas no determinadas" pero próximas a la creación del grupo de trabajo (el 18 de abril del 2008), Ariza "sugirió" a los otros funcionarios encausados, algunos de ellos interinos, la posibilidad de que "se obviaran aquellas irregularidades que ella les indicara, y que de haber sido apreciadas motivarían la denegación de las licencias". Estos técnicos, detalla la fiscalía, accedieron por motivos que no han quedado debidamente acreditados. La acusacion pública solicita el decomiso de 70.300 euros presuntamente vinculados con los sobornos recibidos por los cabecillas de la trama.

Amenazas a la regidora y a la gerente

Sobre el mes de junio del 2007 se produjo un cambio en la concejalía de Ciutat Vella, con la entrada de Itziar González y la gerente Mercè Massa. Las dos, según el fiscal, adoptaron una serie de medidas para acabar con determinadas malas praxis. Todo ello causó "situaciones de tensión" derivadas de las decisiones a adoptar en relación con expedientes de las licencias de pisos turísticos. A raíz de ello, según la acusación, Joaquim Quílez y su compañera sentimental tomaron la decisión de amedrentar a una arquitecta municipal, a la regidora y a la gerente, a las que les remitieron cartas amenazantes.