La jueza envía a juicio a una trama corrupta de pisos turísticos en Barcelona

La jueza de Barcelona Elisabet Castelló ha estrechado el cerco y envía a juicio a una trama corrupta de Ciutat Vella en la que figuran como imputados ocho funcionarios municipales que entre el 2005 y el 2008 tramitaron presuntamente de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en este distrito, en algunos casos a cambio de dinero. La magistrada ha cerrado la investigación que inició en el 2009 y ha mantenido la acusación contra 23 personas, la mayoría propietarios de viviendas que recurrieron a la red, a los que se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El proceso judicial nació en el 2009, cuando el alcalde de Barcelona era Jordi Hereu, se intensificó en los dos años posteriores y, después, se enredó en la farragosa práctica de informes periciales. A finales del pasado mes de julio, Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, dio por concluida la investigación y trasladó la causa a  la fiscalía para que formule su escrito de acusación. La resolución subraya que la instrucción de este caso "ha resultado sumamente compleja" debido a la naturaleza de los delitos relativos a "actos de presunta corrupción de funcionarios públicos" y que "ha precisado de una ardua y compleja investigación previa".

En las diligencias judiciales aparecen como principales imputados el que fuera funcionario municipal Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos en Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris, el ingeniero industrial Joaquim Quílez y la también empleada pública y exasesora jurídica del Ayuntamiento de Barcelona Elena Ariza. La jueza detalla en su auto que estas tres personas "actuaban de común acuerdo" y con "la finalidad de procurarse unos ingresos extra con la tramitación" de licencias de pisos turísticos favorecieron a propietarios de viviendas que estaban dispuestos a efectuar esos "pagos extraordinarios". A cambio, tramitaban los expedientes "sin cumplir los requisitos legales exigidos".

Estrecha relación

Los otros funcionarios implicados del equipo de Elena Ariza , según la jueza, "incurrieron en "graves arbitrariedades" para favorecer la actuación del resto de los implicados, entre ellos los propietarios de viviendas. En total, se han hallado irregularidades en 13 expedientes. Los negocios ya estaban explotados como apartamentos turísticos, pero estaban obligados a obtener las respectivas licencias dentro del plazo fijado, diciembre del 2016. De ahí que los dueños o varias empresas del sector, a través de la principal asociación de explotadores de este negocio, recurrieran al ingeniero industrial Quílez para agilizar los trámites. Este, a su vez, mantenía una "estrecha relación personal desde hacía tiempo" con el que era el jefe de los servicios  técnicos del distrito de Ciutat Vella, Heliodoro Lozano, y este con Elena Ariza.

Los funcionarios investigados, algunos interinos y otros de carrera, conocían que los informes que emitían "eran contrarios a la normativa aplicable y actuaban con ánimo de conducir a confusión a quienes debían de resolver sobre el otorgamiento de las licencias, las cuales fueron finalmente concedidas", recalca la jueza en su auto.

El 'caso Saratoga'

La magistrada recuerda en su resolución que la causa por la trama de Ciutat Vella se deriva de otro proceso abierto por corrupción de funcionarios públicos en relación con los clubs de alterne (el ‘caso Saratoga’), en la que también estaba imputado Quílez. En las entradas y registros practicados en su día en su domicilio y en su despacho profesional se halló una hoja manuscrita con un listado de direcciones, nombres propios y locales, y, al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas o pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias. Al lado de dos direcciones se especificaba una cantidad de dinero y, entre paréntesis, otra con el nombre de Helio (supuestamente Lozano).

En el registro practicado en el domicilio de Lozano se encontró un disco duro de un ordenador y se comprobó la existencia de mensajes que "revelan conversaciones que se mantienen" con la otra imputada, Elena Ariza, que "revela el interés económico de ambos en la tramitación de las licencias" de cambio de uso, lo que fue corroborado en su declaración por Quílez, según argumenta la jueza. La información aportada por la Generalitat y una prueba pericial han permitido determinar la falsedad de ciertos certificados.