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La crisis de la vivienda

Espartaco inmobiliario: los inquilinos se unen contra las subidas del alquiler

El Sindicat de Llogaters moviliza a los arrendatarios de los grandes propietarios para que negocien de forma colectiva los aumentos

Carles Cols

Mercè Contreras, vecina del número 36 de la calle del Escorial, llena cajas para su inminente mudanza a una habitación por no poder afrontar la subida del alquiler.

Mercè Contreras, vecina del número 36 de la calle del Escorial, llena cajas para su inminente mudanza a una habitación por no poder afrontar la subida del alquiler. / CARLOS MONTAÑÉS

El Sindicat de Llogaters se presentó en sociedad en mayo del 2017, no hace ni un año, y la expectación fue notable, no porque quienes entonces se pusieron frente a las cámaras fueran caras conocidas, mariscales de la lucha vecinal o algo así, sino porque el alquiler ya era entonces un gravísimo problema para miles de familias. Se les dio, pues, un voto de confianza, más que nada por la convicción que mostraban. Pasados 11 meses, el Sindicat de Llogaters ha ganado algunas escaramuzas y se prepara para la gran batalla. El pasado 20 de marzo, sin hacer ruido, reunieron a inquilinos de ocho fincas de una sociedad que, según el sindicato vía catastro, es propietaria de como mínimo 455 pisos en Barcelona, UISA-SAPI. Les propusieron lo que en términos inmobiliarios es toda una revolución: que dejen de negociar individualmente con la empresa los aumentos del alquiler y se animen a hacerlo de forma colectiva. Operación Espartaco, podría llamarse el plan. Los inquilatas pasan a la ofensiva.

La primera victoria de los 'inquilatas' en Sant Joan Despí marca el camino al sindicato para desafiar a los 10 grandes propietarios de la ciudad

¿Se puede? Sí, y ya ha sucedido al menos una vez, en Sant Joan Despí no hace ni 10 días, en un pulso nada menos que con una filial de Goldman Sachs, palabras mayores. A los vecinos del número 113 de la avenida de Barcelona (121 familias; la cantidad, cuanto mayor, ayuda) les exigieron inicialmente (vía burofax, por supuesto) aumentos de la renta de entre el 40% y el 100%. Unieron sus fuerzas y, a medio combate, se les añadió el Sindicat de Llogaters, con su equipo de abogados. El resultado final ha sido, desde la perspectiva de los afectados, una victoria razonable. Sus alquileres subirán un 5% el primer y segundo año y un 10% el tercero. Es un caso inspirador, reconocen los dirigentes del Sindicat de Llogaters. El plan que tienen entre manos es mayúsculo. Llevar esa revolución (lo es desde el punto de vista conceptual, pues es pacífica) a tantas fincas como sea posible.

Que algo inesperado podía suceder se veía venir desde el pasado 20 de febrero. Ese día, el sindicato presentó los primeros resultados de sus primeros nueves meses de trabajo de investigación. Un parto. Tiraron del hilo hasta identificar a los 10 principales propietarios de pisos de Barcelona, 10 sociedades que suman, como mínimo, 2.888 apartamentos en alquiler. No gestionan, es obvio, todo el parque de la vivienda, pero sus estrategias son contagiosas: las subidas que imponen a sus inquilinos tienen su eco inmediato incluso en personas que solo tienen un piso puesto en alquiler. Marcan la tendencia, opinan en el sindicato.

Ese top ten de grandes propietarios es una macedonia de sociedades, varias de ellas fondos recién aterrizados en el mercado inmobiliario barcelonés, atractivo por su insólita desregulación, pero el Sindicat de Llogaters ha desdeñado la opción fácil de poner primero la proa en los llamados fondos buitre franceses o israelís y ha preferido comenzar con una compañía local, Unión Inmobiliaria SA-Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria (UISA-SAPI), entre otras razones porque uno de los casos más claros que tienen encima de la mesa afecta a una de sus fincas, la del número 36 de la calle de Escorial y porque, tal vez, visto que al frente de esta sociedad hay empresarios muy arraigados en la ciudad (algún premiado con la Creu de Sant Jordi y apellidos de la zona alta), a lo mejor dan su brazo a torcer y aceptan abrir la puerta a la negociación colectiva.

Burofax

De momento, el camino no parece llano. Las relaciones entre el sindicato y UISA-SAPI son glaciales. La empresa se ha tomado mal que en los carteles de convocatoria de sus asambleas, el sindicato les tache de "especuladores" y de responsables del "aumento abusivo de los alquileres". Cifras en mano, un portavoz de esta sociedad asegura que las subidas de rentas que aplicaron en el 2017 están por debajo de la media de la ciudad. "UISA solo suscribió el 0,15% de la totalidad de los contratos firmados en Barcelona en el 2017, por lo que es imposible que, con un porcentaje tan reducido, se ocasione el encarecimiento que denuncia el sindicato". Se lo han avisado al sindicato, cómo no, vía burofax, en un primer aviso para que cesen en su campaña de desprestigio o, en caso contrario, se preparen para ser blanco de acciones legales. Es más, la empresa asegura que no se guía solo por la máxima rentabilidad, sino que es sensible a la situación de sus inquilinos si es necesario, y que no es cierto que pretenda aumentos del 40%, 50% o 100%, como denuncia el sindicato.

Mercè, 54 años, fiel pagadora del alquiler durante 24 años. Le piden 6.000 euros por renovar, entre depósitos y fianzas. Se traslada a vivir a una habitación dentro de un mes

Conviene aquí poner un aclaratorio ejemplo real. Es una vecina del 36 de Escorial. Hace 24 años que viven en esa finca. Paga 600 euros por 60 metro cuadrados. Le llegó el temido burofax hace unos tres meses. No solo le planteaban un aumento del 50% del alquiler, sino que, por ser autónoma, es decir, no tener nómina fija, le exigían para renovar el contrato 4.800 euros de depósito, un mes de fianza y el mes en curso. Total, 6.000 euros. Con la mediación del Sindicat de Llogaters parece que ha logrado que no le pidan ese depósito (se lo han dicho de palabra, hace solo una semana, no por carta), pero le plantean aún una subida del 33%. No se la puede permitir. El caso de Mercè Contreras, así se llama, es el perfecto resumen de qué esta sucediendo en esta ciudad. A sus 54 años y con trabajo, el próximo 12 de mayo se irá a vivir a una habitación por 490 euros al mes. ¡Son las leyes del mercado!, dicen quienes justifican casos como este.

El Sindicat de Llogaters, lo dicho al principio, no pretende desfondarse en la defensa de casos uno a uno. Sus dirigente creen que lo que le conviene a esta ciudad es tomar ejemplo de Toronto, el referente más cercano de una huelga de alquileres, porque la de 1930 de Barcelona es irrepetible porque las condiciones sociales de entonces (un fortísimo movimiento libertario estaba tras ella) ya no se dan en la actualidad.

La huelga de alquileres de 1930 en Barcelona es blanco y negro, pero en Toronto se llevó a cabo una y con éxito en el 2017

El año pasado, en Parkdale, un barrio de Toronto, bastó con que 300 inquilinos sumaran sus fuerzas para que la empresa propietaria accediera a negociar aumentos muy moderados y una mejora de las viviendas. Parkdale es hoy un referente internacional, pero lo es sobre todo para Barcelona, porque algunas de las características del mercado inmobiliario de España no se dan con tanta crudeza en otras latitudes. Los contratos de tres años son una anomalía legislada por el Gobierno de Mariano Rajoy que solo gusta a los fondos de inversión. No ha habido en España una arma de gentrificación masiva tan lamentablemente eficaz como esta.

En contextos como el actual se echa en falta la mirada afilada de Manuel Vázquez Montalbán. Por suerte quedan intactos sus textos. En 1987, con motivo de los primeros deslices neoliberales del PSOE de la mano de Miguel Boyer, escribió: "Los científicos sociales calculan el límite máximo donde se encuentra la capacidad asistencial del Estado para la miseria que él mismo crea y la capacidad de autocontención de los miserables antes de pasar a la rebeldía y la insurgencia". Parece que esta vez se ha calculado mal la paciencia de los inquilinos.

Via Laietana 8, la promesa de Colau, sigue vacío

El mismo día que el Sindicat de Llogaters se presentó en sociedad, el Ayuntamiento de Barcelona recogió el guante de una demanda vecinal y abrió la puerta a que el número 8 de la Via Laietana, un imponente y vacío edificio de 18.000 metros cuadrados de techo y de propiedad municipal desde el 2014, se rehabilitara para dar cabida a unos 160 pisos sociales. Pasados 11 meses, el sindicato cree estar a punto para la batalla de las negociaciones colectivas de los alquileres en la ciudad. De Via Laietana 8 no hay ni se esperan novedades. El edificio sigue vacío.

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