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LA PLAGA DE LA HEROÍNA

Más de la mitad de los narcopisos son de bancos, fondos e instituciones

Una investigación de EL PERIÓDICO localiza todos los pisos de la droga e identifica a sus dueños reales

El abandono de los propietarios ha condenado a los vecinos a convivir con traficantes y consumidores

Guillem Sànchez / Max Jiménez / Beatriz Pérez

Narcotour celebrado el pasado 14 de febrero.

Narcotour celebrado el pasado 14 de febrero. / FERRAN NADEU

Una investigación de EL PERIÓDICO ha localizado los cuarenta narcopisos que han anidado en el barrio del Raval de Barcelona y ha identificado a cada uno de sus dueños reales para descubrir quiénes poseen los domicilios en los que se ha enquistado la plaga de la heroína. El trabajo, que incluye todos los inmuebles registrados por la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra o el Cuerpo Nacional de Policía aporta un mapa inédito de la droga en el vecindario (adjunto a esta noticia) y confirma las sospechas vecinales. Según fuentes policiales, actualmente en el Raval hay, al menos, una decena de narcopisos que siguen activos. La mayoría, sin embargo, ya han sido desmantelados. Detrás de cada puerta tapiada acostumbra a esconderse la historia de una comunidad vecinal condenada a convivir con los traficantes durante años y desatendida por el dueño del edificio ocupado.

Bancos, fondos de inversión e inmobliarias

Más de la mitad de los narcopisos ocupados pertenecen a bancos, fondos de inversión e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona. La titularidad real deja al descubierto nombres de entidades financieras como CaixaBankBanco Popular o los 'servicers' a los cuales los bancos vendieron su cartera de activos hipotecarios, como Blackstone (Anida), e inmobiliarias como Proyecto Housers 0012 SLDecoronaDita Consulting SL o Sofic Investments INC, según consta en el Registro de la Propiedad.

Aunque en el listado de 40 pisos en que ha habido actuaciones policiales el Ayuntamiento consta como propietario de cuatro narcopisos, el municipio admitió serlo de otros tres más. Se trata de domicilios de alquiler social ubicados en el número 9 de la calle Om y en el número 10 de Reina Amàlia. En el primer caso, hay dos pisos gestionados por el Patronato Municipal, que se adjudicaron a familias que, según la versión de los vecinos y la policía, se dedican al narcotráfico. El segundo caso, en Reina Amàlia, es un bloque en el que había 5 narcopisos y que el Ayuntamiento ha comprado precisamente para intentar expulsar a los traficantes. Dos de estos pisos de la droga siguen operativos.

La búsqueda de este diario también ha descubierto que casi la mitad de los narcopisos son propiedad de pequeños particulares, que han comprado el piso o que lo han recibido en herencia y que, con frecuencia, tampoco se han ocupado de él. 

Paisaje postcrisis económica

El rastreo de los titulares refleja los efectos de la crisis económica -expresados en ejecuciones hipotecarias que implicaron el desalojo por impago de las antiguas familias- y el traspaso de carteras de activo (inmuebles y créditos) que hicieron que los pisos cambiaran de manos. Muchos de estos movimientos están registrados entre el 2014 y el 2017. El enredo de las ocupaciones de traficantes se comenzó a gestar durante el mandato del alcalde Xavier Trias y ha estallado durante el último año de la alcaldesa Ada Colau. Los bancos no siempre han sido capaces de gestionar los inmuebles porque normalmente los domicilios embargados están en condiciones de habitabilidad limitada y dentro de un entorno de precios de mercado muy elevado. Tampoco lo han hecho las inmobiliarias que han comprado con la finalidad de rentabilizar su inversión.

En total, el Ayuntamiento de Barcelona ha contabilizado 269 pisos vacíos en un balance actualizado con fecha 13 de febrero del presente año. El riesgo de que estos inmuebles caigan en manos de traficantes es elevadísimo. 

"Como niños"

El Ayuntamiento de Colau creó en verano, cuando las protestas vecinales arreciaron, un grupo de cuatro técnicos municipales cuyo trabajo consistió en llevar a cabo un censo de pisos vacíos en el Raval y en contactar con los propietarios para que estos los tapiaran y, a ser posible, los rellenaran con familias. "No ha sido sencillo dar con estos dueños. En algunos casos han aparecido empresas pantalla y ningún propietario real", subrayan fuentes municipales. Esta acción del consistorio, y también la presión ejercida por los medios de comunicación, ha logrado que la mayoría de estos propietarios durmientes movieran ficha finalmente. "Algunos se han comportado como niños que no querían responsabilizarse de sus propiedades", zanjan fuentes del ayuntamiento.

Es el caso de Houser, una inmobiliaria que invierte en pisos para rehabilitar mediante el procedimiento del 'crowfunding' y que busca obtener una rentabilidad con la que retribuir a sus inversores. Houser es propietaria del tercero primera del número 22 de En Roigla narcofinca del Raval, uno de los símbolos de esta epidemia. "La letrada del Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros tras la actuación policial y eso nos permitió recuperar el piso", explican fuentes de la empresa.

Otras inmobiliarias ni siquiera se dan por enteradas. Dita Consulting SL, propietaria de unos bajos del número 9 de Vistalegre, ha negado que su propiedad esté ocupada. La realidad es que los vecinos de Acció Raval incluso han tenido que recurrir a 'escudos humanos' -ocupas consensuados- para mantener alejados a los traficantes. Gestión Arrendamientos Urbanos es propietaria de un bajo en el número tres de Sant Pacià, que le pertenece desde 1984 y, pese a la evidencia denunciada por los vecinos, la inmobiliaria no se da por aludida. "Ese local es nuestro, pero está vacío", afirman fuentes de la firma. Algo parecido ocurre con un local del número tres de Sant Erasme. Pertenece a Decorona, una inmobiliaria que se encuentra en concurso judicial y liquidación en manos de un administrador judicial. "La empresa está pendiente de que el juzgado haga la subasta del piso", explica un portavoz del administrador. En su momento presentó "una denuncia penal por la ocupación ilegal de la vivienda, sin ningún resultado hasta ahora", agrega. Tampoco parece que hay mucho que hacer con el entresuelo segunda de Ferlandina 53. Es de Promociones Bonny Cuatro, una firma embargada por Hacienda. El embargo incluye ese piso, del que nadie se hace responsable, de momento.

Los bancos culpan a la lentitud judicial

Casi una decena de los narcopisos pertenecen a bancos o han sido transferidos a 'servicers' y fondos de inversión. Fuentes de estas entidades financieras coinciden en atribuir a la lentitud de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria la dificultad para limpiar los narcopisos que son de su propiedad. "El sistema judicial es muy garantista del domicilio", explica el responsable de los activos adjudicados de un gran banco. "Cuando se usurpa un piso de un particular -y los bancos también lo son- resulta obligatorio ir al juzgado para recuperarlo y el procedimiento civil dura entre 14 y 16 meses", agrega.

En resumen: "El procedimiento judicial favorece al ocupa", según mantienen fuentes de Anticipa, la gestora de Blackstone, el fondo de inversión que compró una cartera de activos inmobiliarios de CatalunyaCaixa, valorada en 4.000 millones. Anticipa es propietaria de otros dos narcopisos de En Roig, que ya han sido recuperados.

Los cinco ingredientes de los narcopisos 

Pisos vacíos. En el barrio del Raval existen centenares de pisos vacíos que los traficantes usan para esconderse de la policía. Las familias que los habitaban han sido expulsadas por impago de hipoteca o alquiler durante la crisis económica desencadenada en el 2008. Los nuevos propietarios a menudo se desentienden de ellos. 

Lentitud judicial. Los traficantes ocupan estos pisos disponibles para pervertir el principio de inviolabilidad del domicilio, que provoca que la policía necesite una orden judicial para irrumpir en estos puntos de menudeo y desmantelarlos. Conseguirla una orden supone meses de investigación. 

Presencia de heroína. Las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil han acreditado que la mayoría de la heroína que se vende en el Raval llega escondida en maletas de ciudadanos pakistanís. El Raval, proporcionalmente, es el vecindario que más población acoge originaria de Pakistán. 

Atención sanitaria. La Agència de Salut Pública de Barcelona dispone de un equipamiento eficaz para tratar a los toxicómanos. Cuenta con educadores que pisan la calle y una narcosala que atiende a los adictos. Allí los ayudan a desengancharse, les ofrecen comida y un lugar en el que puedan ducharse. 

Demanda extranjera. Muchos de los toxicómanos son extranjeros: italianos, polacos o rumanos, principalmente. Vienen atraídos por los ingredientes anteriores y favorecen con su demanda la proliferación de narcopisos. Además, en el Raval hay muchos turistas. Hurtar su cartera facilita la compra de dosis que solo cuestan 10 euros. 

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