La oposición arremete contra Colau por la gestión de las ocupaciones y los narcopisos

La invasión ocupa del edificio del Raval donde se ubicaba el bar Marsella, destinado a vivienda social, ha multiplicado las críticas de los partidos de la oposición a la gestión del gobierno de Ada Colau sobre el creciente fenómeno de la entrada ilegal en viviendas. Sobre todo, en tanto que se trataba de una finca recién rehabilitada y lista para adjudicar a inquilinos seleccionados y necesitados de vivienda asequible. La falta de celo al proteger el bloque o darle uso inmediato le ha supuesto un nuevo varapalo, en un momento caliente en que proliferan las ocupaciones de todo tipo, tanto por necesidad social, como por okupas ideológicos, usurpadores profesionales y mafias.

Las acusaciones han llovido tanto desde los grupos de izquierda como desde la derecha. El líder del PSC y antes socio de Colau en el gobierno local, Jaume Collboni, tras reunirse con diversos colectivos vecinales y de comerciantes del barrio, ha "constatado un problema muy grave de descontrol y dejadez por parte del gobierno municipal de un problema social que ahora es sobre todo de seguridad".

El socialista opina que mucha gente apostó por el barrio al creer en la "transformación urbana durante dos décadas" en el "corazón de la ciudad, que ha de estar sano". Ahora hay riesgo de "volver 30 años atrás en la calidad de vida y de seguridad de los vecinos del centro". Por ello, ha arremetido contra la proliferación de narcopisos y la "falta de control de la explotación sexual" en la zona. "No solo hay dejadez sino tolerancia de la prostitución, que de una forma malentendida se ha tomado como una profesión; asistimos a explotación pura y dura y a la proliferación de drogas que habían desaparecido". 

Según Collboni, ahora sería necesaria una "actuación contudente de Mossos y Guardia Urbana". Ha pedido a Colau convocar la Junta de Seguridad Local para hacer una "ofensiva policial sin complejos y parar el golpe".

Como en los años 80

Por su parte, el responsable de ERC en el consistorio barcelonés, Alfred Bosch, ha considerado "un escándalo" la okupación del número 1 de la calle de Sant Ramon, que ha sido desalojado por la Guardia Urbana. El edil ha pedido responsabilidades a Colau, amparado en que los vecinos aseguraban que el edificio estaba okupado hacía semanas, ha dicho. "¿Cómo es posible que el gobierno -local- no fuera consciente teniendo en cuenta que se trata de una propiedad municipal?", ha clamado, antes de opinar que "con el problema de la droga se está volviendo a la Barcelona de los años 80. 

Desde el PDECat, Mercè Homs ha lamentado que la alcaldesa "dice que las políticas de vivienda son prioritarias, pero después no hace el trabajo". Tras cuatro años y medio de "dejarlo todo a punto", entre obras y adjudicaciones, esa desidia ha propiciado la okupación, que ella atribuye al pasado miércoles. 

El presidente municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha ido más allá al declarar que "el discurso y permisividad de Colau hacia los okupas ilegales genera un efecto llamada y proliferación de ocupaciones ilegales". El líder de los populares ha respaldado el desalojo de la finca ocupada en el Raval y pedido al equipo de Colau medidas para prevenir futuras entradas ilegales. Su propuesta pasa por crear "oficinas antiokupa" para "asesorar y respaldar a vecinos, entidades y comercios afectados por ocupaciones irregulares o los narcopisos del Raval". Defiende también "poner fin y freno" a las usurpaciones de domicilio y las "mafias que viven de la explotación del acceso a la vivienda de muchas familias en Barcelona".