LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN
El veto de los diésel anteriores a 1996 afectaría a 63.000 vehículos de Barcelona
Más de 63.000 turismos de toda Barcelona no podrán circular por la capital catalana y su entorno a partir del 2018. Esa es la cifra aproximada de vehículos afectados solo en la provincia en el caso de que prospere el plan del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de vetar la movilidad de vehículos diésel fabricados antes de 1996, como anunció el vicepresidente de transporte y movilidad, Antoni Poveda. Un territorio de 36 municipios por el que no podrían pasar el 4% de los vehículos de gasóleo con más de 20 años que integran el parque metropolitano, según la estimación del ente. De los más de 2,7 millones de vehículos censados por la Dirección General de Tráfico en toda Barcelona, 1,4 millones son diésel.
En la capital catalana, un 7,3% de los 564.700 vehículos tienen más de 20 años, incluyendo turismos diésel y de gasolina. Extremo importante, dado que Poveda incidió en que también los vehículos de esta segunda categoría se verían afectados por medidas similares, sin especificar fechas de la propuesta de aplicación. Sí lo hizo para el gasóleo, la gran prioridad estratégica, dado que su impacto sobre la atmósfera y sobre la salud es mucho más significativo. Si finalmente el veto se aplica sobre todo el parque automovilístico el 2018, la cifra superaría los 108.000 vehículos en toda la provincia.
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Datos contundentes que, sin embargo, no satisfacen a todos los sectores. No lo consiguen con la Plataforma para la Calidad del Aire, cuya portavoz, María García, valora que "por vez primera el debate sobre el impacto de la movilidad" supere el estadio de la renovación de la flota de vehículos. Pero lamenta que la propuesta no esté en sintonía con la que se debate “en 204 ciudades europeas”, con una restricción más estricta y con capitales como Berlín o París que “incluso se plantean prohibir la circulación de vehículos a gasóleo”.
Y justifica un planteamiento tan drástico al recordar el escándalo de Volkswagen. “¿Por qué prohibir un diésel de hace 20 años y no uno de hace dos que, como se ha demostrado, superan en 40 veces los límites de contaminación fijados por la UE?”, expone. Entiende que el objetivo principal sea en un primer plazo el motor diésel, “que contamina cuatro veces más que el de gasolina”, pero pide también reforzar el transporte público, impulsar el carril bus VAO o revisar el régimen tarifario, aspectos que también señalaron desde el AMB.
CONTROL TÉCNICO
El RACC aplaude la iniciativa porque contribuiría a “atenuar el problema atmosférico” de Barcelona, así como el periodo de dos años que se concedería a los afectados para adaptarse a la nueva situación, como detalla Lluís Puerto, gerente técnico de la fundación RACC. Pero echa en falta que se compense a los propietarios de los vehículos, “tal como hizo el Ayuntamiento de Londres”. Y subraya la necesidad de prescindir de “iniciativas aisladas” para abordar un “programa completo de medidas, consensuado con todos los agentes implicados”, y que evite posibles especulaciones, anunciándose “cuando su ejecución sea firme”.
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También reclama “consenso” Ramon Casas, secretario de la Federación Catalana de Talleres de Reparación de Automóviles, que considera “precipitado” anunciar una medida en la que no se les ha tenido en cuenta, que no precisa el volumen de afectados ni cuantifica el beneficio potencial. Casas comparte la necesidad de mejorar la atmósfera para todos los ciudadanos, pero califica de drástica una iniciativa que él rebajaría con medidas que garanticen “el mantenimiento adecuado de los turismos y una revisión más rigurosa” de los parámetros técnicos en las inspecciones de vehículos.
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