La PAH, el Sindicat de Llogaters, el Observatori Desc, la FAVB y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), cinco de las entidades sociales con más músculo de la ciudad, se han sentado este martes frente a todos los grupos políticos para presentarles  la moción municipal para forzar la ampliación del parque público de vivienda que han redactado. Y que pretenden que el consistorio apruebe por consenso en el próximo pleno municipal, que se celebrará este 23 de febrero.

La ambiciosa moción está dividida en cuatro puntos. El primero, y más llamativo, obligar a los promotores a destinar el 30% del techo de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral -la casilla de salida en todo proceso de gentrificación- a vivienda de protección oficial de gestión pública. Calculan que esa medida permitiría alcanzar el 15% de parque de vivienda público en 10 años. "La ley de la vivienda vigente lo permite. Solo es necesario que el ayuntamiento adapte su normativa urbanística para incluir en ella esta obligación, que nos parece justa, teniendo en cuenta que se enmarca en procesos de negocio inmobiliario", ha señalado Irene Escorihuela, directora del Desc. 

El segundo punto, presentado por la ABTS, nada es casual, plantea la obligación a los nuevos establecimientos y viviendas de alojamiento turístico a reservar el equivalente del 40% de su techo a vivienda pública en el mismo distrito, medida que habría que incluir en el batallado PEUAT.

Evitar las viviendas vacías

La portavoz del Sindicat de Llogaters, Irene Sabater, ha desgranado el tercer punto: "la declaración de ciertas zonas de la ciudad como Áreas de Conservación y Rehabilitación a partir de un informe previo en el ámbito de todo el municipio", con el objetivo de garantizar un uso adecuado de la vivienda -evitar las viviendas vacías-, de promover la regeneración del tejido urbanístico y la conservación de la vivienda, así como "evitar procesos de especulación inmobiliaria que comporten riesgos para la cohesión social".  Plantean también la conversión de edificios de titularidad pública destinados a usos no residenciales en edificios de uso residencial. El portavoz de la FAVB, Joan Balañach, ha puesto el ejemplo de la victoria lograda en Via Laietana, 8. Edificio de oficinas que, gracias a la presión vecinal, se convertirá en vivienda pública.  

Y, por último, las entidades han expuesto la necesidad de acompañar la moción de la creación de un grupo de trabajo para hacer seguimiento de la moción e intentar que no quede, como tantas, en papel mojado.

Tras la resumida exposición de la moción por parte de las entidades, estas han dado la palabra a los representantes de los grupos políticos allí presentes, todos excepto el Partido Popular. Todos, sin excepción, han celebrado que la sociedad organizada apriete para que se tomen medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el principal problema de la ciudad. Todos -todos los presentes, se entiende- han anunciado que se reunirán con los impulsores entre este miércoles y este jueves para trabajar el texto, cuyo objetivo final -ampliar el parque público de alquiler- aplauden.

La intención de las entidades es obtener el visto bueno de los grupos -algo que, pese a lo ambicioso de la propuesta, por las palabras expresadas este martes en público por los representantes de las fuerzas políticas parece factible- y entrar el texto en el pleno en forma de declaración institucional.    

El crudo contexto

La PAH, quien ha ofrecido su sede para la presentación, ha puesto en contexto la propuesta. "En Barcelona hay 1.000 personas durmiendo en la calle, 2.000 en albergues, 30.000 en lista de espera para esperar una vivienda pública y en los últimos tres años se han producido más de 12.000 desahucios en los últimos tres años, el 84% directamente relacionados con la LAULAU", ha señalado Lucía Delgado, portavoz de la PAH, quien ha explicado que la moción nace del informe hecho por la plataforma para valorar los dos años de gobierno de Barcelona en Comú en el que se detectaron que el problema clave era el inexistente parque público de vivienda. "Existen mecanismos para ampliar este parque, están recogidos en la ley de la vivienda, de lo que se trata es de exprimirla", han subrayado. Discurso calcado -"¡sí se puede!"- al que tenía Colau antes de instalarse en Sant Jaume. 

Según los datos oficiales (de 2011, eso sí) presentados por las entidades, en Barcelona hay 811.106 viviendas familiares, el 84% de las cuales son viviendas principales -solo en 25% en alquiler-, un 5% secundarias y un 11% se encuentran vacíos.