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GENTRIFICACIÓN

Cuenta atrás para 3.500 vecinos de Sant Antoni

Fem Sant Antoni alerta de que 3.500 familias a quienes les vence el alquiler de aquí al 2020 se exponen a tener que dejar el barrio

Carles Cols

MERCAT SANT ANTONI

El mercado de Sant Antoni, ya en la recta final de las obras. / RICARD CUGAT

“Pueden ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, tus vecinos… ¿Eres uno de los 3.500?”.  Esta ha sido la campaña que durante los últimos días ha tratado de llegar hasta el último rincón de las redes sociales en el barrio de Sant Antoni. Los publicistas conocen esta técnica como teaser o campaña de incógnita. Juega con el misterio. Alimenta la curiosidad. Los 3.500 (se levanta aquí el telón) son los contratos de alquiler de viviendas que en los próximos tres años expirarán en Sant Antoni, es decir, 3.500 familias que, si se cumplen las predicciones y el nuevo mercado multiplica exponencialmente la popularidad del barrio, pueden enfrentarse a inasumibles subidas de la renta de arrendamiento.

La batalla inmobiliaria de Barcelona tiene muchos frentes, también el publicitario, Persita contra los arrendatarios de Sant Antoni

La batalla inmobiliaria de Barcelona se combate en muchos frentes. El publicitario es uno de ellos, de los más nuevos. A un lado de la trinchera, la plataforma Fem Sant Antoni y sus 3.500 (cifra no ficticia, obtenida del departamento de estadística del Ayuntamiento de Barcelona), al otro lado, por ejemplo, Persita, la protagonista de los anuncios de maqueado de imagen de Airbnb.

Buzoneo

“Hemos puesto en marcha esta campaña para que el vecindario que vive de alquiler tome conciencia de cuáles son sus derechos antes de encontrarse en una situación irreversible”, explica un portavoz de Fem Sant Antoni. Es lo que sucede actualmente. Por eso, este miércoles 7 de febrero, los miembros de este colectivo han dedicado parte de su tiempo a un buzoneo masivo en las fincas del barrio, para darse a conocer. En cada ocasión que se reúnen en asamblea, les llegan nuevos afectados, familias solas a veces y en otras ocasiones fincas completas que, por ejemplo, han recibido ya un burofax del administrador en el que se les conmina a abandonar el piso el mismo día en que expira el contrato y no se les ofrece la opción de renovar, ni siquiera al alza. El propietario da por hecho que el perfil económico de los inquilinos no es el que desea. En el comunicado que ha puesto fin al teaser publicitario, Fem Sant Antoni subraya que en situaciones como esta o similares están ahora los inquilinos de seis fincas del barrio, de las que dan su dirección postal.

La campaña, de hecho, informa a los vecinos del barrio sobre cuáles son sus derechos como arrendatarios (realmente escasos, leyes mano), pero sí que aprovecha para dar algunos consejos para evitar males mayores. ¿Por ejemplo? Conservar todos los recibos de pago, comprobar que no se retorna ningún recibo y, en caso de que así suceda, consignar el pago a través de un canal oficial, no tomar a la ligera jamás un burofax y, si se da el caso, no permitir la entrada en el domicilio a tasadores ni al adueño del inmueble. 

El propósito de la campaña es anticiparse, dar margen a las posibles víctimas de unir fuerzas contra los fondos de inversión que han puesto el foco en esta zona de la ciudad, pero la cifra permite, ya de paso, sacar otras interesantes conclusiones. Con una calculadora basta.

Esas 3.500 familias en el alero engordan las cuentas de los dueños de las fincas con 39 millones de euros al año

El precio medio de los nuevos alquileres que se están firmando en el barrio es de 922 euros, unos 20 euros por encima de la media del conjunto de la ciudad. Lo dicho, simple cuestión de números. De las libretas de ahorro de esas 3.500 familias expuestas a un desahucio invisible (es decir, irse a su pesarm por el aumento del alquiler) estos próximos tres años salen con destino a las cuentas corrientes de los propietarios de las fincas unos 38,7 millones de euros. En ocasiones, son familias que, víctimas de los sueldos que se pagan en Barcelona, destinan más del 50% de sus ingresos a la vivienda. El trasvase de riqueza de los asalariados a los rentistas en Barcelona (es una simplificación, sí, pero no alejada del todo de la realidad) es una cuestión no suficientemente abordada, reconocen los miembros de Fem Sant Antoni.

Una ley selvática, legado de Ana Pastor

No es ningún secreto, pero hay que ir al diario de sesiones del Congreso de los Diputados para recordar por qué los contratos de arrendamiento en España son ahora de tres años, un suspiro en términos inmobiliarios. Es una de las herencia de la actual presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, a su paso por el Ministerio de Fomento. Presentó, con el aval de la mayoría absoluta del PP, la llamada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler. El nombre ya tenía su qué. Más aún lo que con ella anunció Pastor que se conseguiría. “Va a haber, sin duda, una mayor oferta de viviendas, una mayor capacidad de elección de los futuros arrendatarios y una disminución del precio”. Cero aciertos de tres posibles.

Aquella ley escondía, además, un caramelo envenenado, como saben bien los promotores de la campaña ‘Eres uno de los 3.500’ de Sant Antoni. Entre los consejos que dan a los arrendatarios, destaca la recomendación de validar en el Registro de la Propiedad el contrato, poque en caso de que el dueño del piso lo venda a un tercero, este puede no respetar las cláusulas del contrato. Es un puente de oro al desahucio que Pastor defendió con vehemencia durante la tramitación de la ley. «Si el contrato de arrendamiento no está inscrito, el comprador de buena fe no estará obligado a respetar el arrendamiento concertado por el anterior propietario y el arrendatario perderá ese derecho. Este criterio modifica la situación actual en la que los compradores de una vivienda arrendada permitían la continuidad del arrendamiento al menos hasta el periodo de cinco años. Esto no es quitar derechos, señorías, es simplemente que se recoja aquello a lo que tienes derecho en cada momento, porque si una parte no se obliga, la otra tampoco», dijo la entonces ministra en 1993.

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