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Un enfermo de ELA difunde su suicidio para reclamar la aprobación de la eutanasia

José Antonio Arrabal sentenció que quería poder decidir su final

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José Antonio Arrabal López, en su casa.  / EL PAIS / BERNARDO PÉREZ

El suicidio de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), conocido hoy, ha reabierto el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia que despenalice la "colaboración necesaria" para que una persona pueda poner fin a su vida por decisión propia.

José Antonio Arrabal fue diagnosticado desde el 2015 de esta enfermedad degenerativa e incurable. El enfermo se suicidó delante de una cámara de vídeo “indignado” por “tener que morir en la clandestinidad”, según dijo textualmente, reclamando el suicidio asistido y la eutanasia. El diario 'El País' ha reproducido posteriormente esa grabación.

El paciente ya llevaba meses planeando su muerte y la llevó a cabo el 2 de abril. Lo hizo ingiriendo a través de una pajita dos frascos de medicamentos que adquirió por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa.

INVESTIGANDO LA MUERTE 

El juez intervendrá, al igual que ocurre con todos los suicidios, al considerarse una muerte violenta para descartar que se haya cometido un delito, según ha explicado el doctor y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín.

El jurista Ignacio Fernández Vega, portavoz de los Jueces para la Democracia, confirma que después de la muerte de Arrabal, “se abren unas diligencias penales para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito, es decir, si alguien ha podido colaborar o cooperar en el suicidio de esta persona”.

El Código Penal establece que "el que cause o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufra una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar" será castigado con pena de prisión.

En este caso, Arrabal "conservaba cierto grado de autonomía, la suficiente como para proveerse de los medios y llevar a cabo su decisión de morir de forma autónoma", por lo que, "no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero" que pueda suponer un delito y el caso será sobreseído, opina Marín.

El caso es muy distinto al de José Luis Sampedro, que era tetrapléjico y “quedaba claro” que no podía haber llevado a cabo su suicidio sin la “cooperación necesaria”.

NECESIDAD DE REGULAR EL SUICIDIO

"Regular el suicidio asistido es necesario y Arrabal, con su muerte trágica, ha querido llamar la atención sobre un tema que debe abordarse de una vez por todas", destaca Fernando Marín. Quien ha opinado que es necesaria una ley que "más allá de la muerte digna regule el suicidio asistido".

Precisamente, hace una semana que el Congreso dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos que permita garantizar la dignidad de los pacientes en el proceso final de su vida, a través de los cuidados paliativos.

La iniciativa, que contó con el apoyo de todos los grupos menos el voto en contra del PNV y 17 abstenciones de ERC y el PDeCAT, no contempla la eutanasia, por lo que Unidos Podemos anunció que presentará un texto alternativo para incorporarla, al igual que el suicidio médicamente asistido.

Según  Marín, esa ley tendría que regular los requisitos necesarios para acceder a la muerte sanitaria (personas con enfermedades avanzadas e incurables), y el procedimiento para llevarlo a cabo con la suficiente seguridad, a fin de evitar que "haya personas que mueran en contra de su voluntad".

PODER DECIDIR EL FINAL

El jurista Ignacio Fernández Vega ha defendido que la regulación se lleve a cabo "con cuidado" para que no sea "una puerta de entrada para todos".

El propio Arrabal asegura en la grabación que, si hubiera una ley de suicidio asistido, habría retrasado su decisión. "Habría aguantado más tiempo. Pero quiero poder decidir el final. Y la situación actual no me lo garantiza". 

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