La Guardia Civil eleva a 3,2 millones el dinero malversado el 1-O

Pese a que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya procesó en marzo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 22 responsables de la declaración unilateral de independencia de Catalunya, la Guardia Civil ha seguido perfilando la malversación de la que se acusa a buena parte de ellos. En su informe del pasado 11 de mayo eleva a 3.269.236 euros el dinero que la Generalitat destinó al 1-O.

El documento, de 47 páginas, detalla que la Generalitat abonó 1.588.188 euros y tiene pendientes de pago otros 1.664.848. Fue entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona y en el Tribunal Supremo y "cuantifica las cantidades que la Generalitat ha destinado a la celebración del 1-O, individualizando los importes de los departamentos concretos que han comprometido gasto, reconocido deuda o incluso, sufragado pagos". Todo ello, precisa, "sin olvidar, que el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada y consensuada" por todo el Govern.

En su informe anterior, la Guardia Civil elevaba la cifra del dinero público destinado al referéndum en 300.000 euros respecto a los 1,6 millones que Llarena había fijado en el auto de procesamiento. El conocido este martes cifra en 14.620 los euros pagados por el grupo parlamentario de Junts pel Sí para alquilar el Teatro Nacional de Catalunya y presentar el referéndum el 4 de julio. Aunque el documento, que no incluye el IVA en ninguna cantidad, insiste en que ese dinero procede de subvenciones públicas, dice prescindir de él para el cómputo total de lo malversado, así como de los 95.221 pagados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de lo abonado a MN2S Management Limited. 

Desglose de pagos

El desglose de los abonos y compromisos de pago adquiridos por la Generalitat se incrementa sobre todo, porque los agentes por primera vez incluyen los 1.201.654 euros que Vicepresidencia destinó a la rehabilitación de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que albergó el 'call center' del referéndum. Este centro, además, abonó 68.984 euros y dejó a deber 64.334 por trabajos para que los ciudadanos se inscribieran como voluntarios el 1-O. Presidencia pagó 2.231 euros y tiene pendientes 498.057 euros por los anuncios de las vías del tren y del registro de catalanes en el exterior.

Por su parte, el Diplocat abonó 315.316 euros y tiene pendientes 52.815 por los observadores internacionales contratados con The Hague Center for Strategic Studies, así como lo que costaron sus vuelos, alojamiento y alquiler de espacios para actos. El detalle de estos gastos ya figuraba en un informe anterior que acusaba a la Generalitat de maniobrar para ocultar la malversación.

Acuerdo con Unipost

La Guardia Civil ha podido determinar que hubo un acuerdo entre la Generalitat y Unipost para repartir 56.000 cartas para los miembros de las mesas electorales y de 5.346.734 tarjetas censales, por 979.861 euros, coste que se repartió entre cinco 'Consellerias'. Ninguno de ellos llegó a abonar sus facturas, pese a los intentos de la empresa. La única registrada en la plataforma de facturación electrónica de la Generalitat fue la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia por 197.492 euros. Ómnium se ocupó de gestionar los carteles publicitarios con los archivos que le facilitó Presidencia, pero los 61.879 euros iban a ser abonado por la Generalitat, concluye.