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CAUSA JUDICIAL

El Supremo da el primer paso para reclamar a la Audiencia la causa por rebelión

Pide a la magistrada un informe sobre el procedimiento que inició con la imputación de Trapero y los 'Jordis'

La jueza mantiene la fianza de 6,2 millones impuesta al Govern depuesto, pese al criterio del alto tribunal

Ángeles Vázquez

El Juez Pablo LLarena Conde

El Juez Pablo LLarena Conde. / JOAN PUIG

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena quiere hacer las cosas bien y, aunque, como ya contó este diario, asumirá todas las causas que tengan relación con la que tiene entre manos por rebelión, ha optado por dar un paso previo. Este martes ha solicitado a la jueza Carmen Lamela que le informe exactamente de las características del procedimiento que tiene abierto. Ella ya se ha dado por aludida y ha pedido informe a las partes personadas en la Audiencia Nacional, que se muestran partidarias de que se envíe al alto tribunal, al que corresponden los aforados, como ocurre con la Mesa del Parlament.

En una providencia, Llarena, antes de resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, pide a la magistrada que en el plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le informe sobre "los aspectos fácticos, procesales e investigativos" del procedimiento que abrió por sedición contra el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el pasado 16 de octubre.

En esa causa fue donde la magistrada acumuló la querella por rebelión presentada por el ministerio público cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia por el Parlament el 27 de octubre. El 2 de noviembre, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envió a prisión a los exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsellers. A Santi Vila le impuso una fianza que le permitió salir de la cárcel.

El artículo 21 establece que cuando algún juez o tribunal estuviere entendiendo de un asunto cuyo conocimiento estuviera reservado al Supremo, este ordenará a aquel, de oficio o a instancia del fiscal o de parte, la remisión de la causa, y contra esa acumulación no hay recurso alguno.

El magistrado Llarena ha dado un plazo de cinco días a los abogados para que le den su opinión ante la eventual acumulación de los procesos. El abogado Andreu Van Den Eynde, que defiende en el Tribunal Supremo a la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y en la Audiencia Nacional al exvicepresidente Junqueras y otros 'exconsellers' de ERC, pidió hace unos días al alto tribunal que reclamara a Lamela la causa para unificarla. Los letrados del resto de exaltos cargos en prisión también se muestran favorables a que el Supremo instruya todo lo relativo al 1-O y la DUI. 

El jueves pasado, mientras tomaba declaración a Forcadell y los otros miembros de la Mesa imputados por rebelión, Llarena ya requirió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el procedimiento que seguía contra ellos por prevaricación y desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Mantiene la multa pese al Supremo

Por otra parte, la jueza Lamela ha confirmado este martes la admisión a trámite de la querella fiscal contra el 'expresident' Carles Puigdemont y sus 13 'exconsellers' por rebeliónsedición y malversación, según explica en un auto en el que, contradiciendo el criterio marcado con la Mesa del Parlament por el Supremo, mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los investigados en concepto de responsabilidad civil.

La magistrada sostiene que ha fijado el importe de la fianza a partir de las partidas previstas en los presupuestos de la Generalitat para la consulta ilegal. Considera que el hecho de que el Tribunal Constitucional declarara nula dicha disposición y que "la Intervención General catalana haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines". 

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