La Fiscalía cree que el Govern alentó una insurrección ciudadana el 1-O

La Fiscalía General del Estado se ha querellado por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación contra "los principales responsables políticos de la Generalitat" por las "decisiones y actos" que "a lo largo de los dos últimos años" han desarrollado con el objetivo de declarar la independencia de Catalunya. El fiscal general, José Manuel Maza, confirmó la presentación de una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto del depuesto Govern y otra ante el Tribunal Supremo, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa que la secundaron dando "una falsa apariencia de legalidad" al proceso "de demolición del ordenamiento constitucional" realizado.

La querella contra el Govern reproduce declaraciones públicas, noticias periodísticas y mails desde la declaración soberanista del 9 de noviembre del 2015 hasta la declaración unilateral de independencia (DUI). Sostiene que la movilización ciudadana de las asociaciones independentistas creó "la fuerza intimidatoria y violenta" que cubre el requisito de violencia necesario para que haya rebelión. Ahí incluye lo ocurrido los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona durante los registros ordenados por el juzgado 13 de esa ciudad y los episodios de acoso a guardias civiles y policías en hoteles o tratándoles de "fuerzas de ocupación".

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De hecho califica lo ocurrido el 1-O de "levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, tratando de impedir por la fuerza el cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante una actuación propiciada e impulsada por los querellados para la celebración del referéndum y la consiguiente consagración de Catalunya como república independiente".

20 querellados

La querella contra el Govern, de 118 páginas, se dirige contra 14 personas, entre ellas, Santi Vila, pese a que dimitió como 'conseller' la víspera de la DUI. La de la Mesa del Parlament, de 116, a seis, con Joan Josep Nuet, que votó contra la tramitación de la declaración de independencia, pero participó en desobediencias previas al Tribunal Constitucional (TC). Como aforados deben ser juzgados por el Supremo, ya que parte de los delitos se cometieron fuera de Catalunya (como la adquisición de las urnas chinas), y porque los efectos, sobre todo económicos, se han extendido a toda España. Pide que todos ellos aporten como responsabilidad civil una fianza de 6,2 millones de euros por lo presuntamente malversado.

Según el fiscal, "el Govern impulsó las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república valiéndose del poder que les otorgaba la mayoría absoluta [...] reforzada por el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium". Añade que "mientras los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del 'procés', la actuación de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad para respaldar la consecución de los fines independentistas".

Fianzas y medidas cautelares

Las querellas solicitan que todos los querellados comparezcan "con carácter urgente" ante el juez para decidir las medidas cautelares que puedan imponérseles, "atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados". La sedición se pena hasta con 15 años de cárcel y la rebelión con hasta 25. En caso de "incomparecencia interesa la inmediata detención de los querellados".

Además, solicita que, en concepto de responsabilidad civil, se imponga a los 20 querellados una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente a la condena que les puede ser impuesta en una futura condena por el dinero malversadoa lo largo del 'procés'.