El juez envía a prisión a Forcadell hasta que pague 150.000 euros de fianza

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de querellados, "no es (solo) que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional". De ahí que el magistrado Pablo Llarena no haya aceptado la dura petición fiscal de prisión incondicional para cuatro de ellos. Se limita a enviar a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco a Forcadell hasta que pague la fianza de 150.000 euros fijada. 

Al portavoz de Junts Pel Sí, Lluís Corominas, y Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet les ha impuesto otra de 25.000 euros a cada uno y disponen de una semana para hacerla efectiva. En el momento en que las paguen tendrán que realizar comparecencias semanales en el juzgado que decidan. Además, deberán entregar su pasaporte y se les prohibirá abandonar el territorio nacional. Joan Josep Nuet quedó en libertad provisional.

Basándose en las declaraciones de los imputados, que admite que pueden "ser mendaces", el auto niega el riesgo de reiteración delictiva que la fiscalía esgrimía apoyándose en gran medida en la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El juez destaca que la Mesa del Parlament, a diferencia de otros, ha comparecido siempre que ha sido llamada.

Actuación principal

Mientras el ministerio público considera a Forcadell "ideóloga de la secesión", el juez Llarena resalta que tuvo "una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo tuvo en cada periodo".

Como presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) "perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva (...); una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba" para conducir "a la declaración de independencia". Ante el magistrado, Forcadell declaró que la DUI había sido "declarativa y simbólica", sin validez jurídica.

Su responsabilidad, según el auto, "no es comparable" a la que puede atribuirse "a la mayor parte del resto de partícipes", cuyo comportamiento, en cualquier caso, "aparece perfecta e inmutablemente esculpido en los diarios de sesiones del Parlament".

El magistrado recuerda "la agravación punitiva" que el Código Penal prevé para la rebelión o la sedición, si de la instrucción se desprende que este es el delito cometido. Admite la premisa fiscal de la importancia de la movilización ciudadana al considerar "factible" que solo con ella se alcanzaría la independencia pretendida por vías no previstas en la ley.

Todos los querellados negaron que concurriera "la violencia" que la rebelión exige, "por más que su voluntad estuviera encaminada a la independencia" de Catalunya, dice el auto. Precisa que "un alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos" y añade que ello se aleja "de las manifestaciones y reclamaciones colectivas inherentes a los sistemas democráticos actuales".

Fianza denegada

En un segundo auto el juez rechaza imponerles la fianza solidaria de responsabilidad civil por 6,2 millones que solicitaba la fianza en su querella. El magistrado sostiene que aunque se han aportado "elementos sólidos de que pudieron llegar a consumirse recursos públicos", no hay "base probatoria" en la querella fiscal que "apunte a que finalmente la celebración del referéndum fuera soportada con cargo" a ellos y "menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar".

Señala que las defensas han aportado una certificación de la Intervención de la Generalitat en la que únicamente se reflejan 25.000 euros por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. El magistrado la cree "coherente con la realidad del contorno", después de que los miembros de la sindicatura electoral dimitieran gracias a las multas coercitivas con las que les amenazó el Tribunal Constitucional.

Los 6,2 millones de euros también eran reclamados por el fiscal en la querella que presentó en la Audiencia Nacional, por lo que en todo caso debería ser aportada por los 20 imputados por rebelión y no solo por unos u otros, aunque la jueza Lamela la acordara respecto del depuesto Govern.

El magistrado reproduce todas las resoluciones del Constitucional desobedecidas. De hecho este miércoles el alto tribunal denunció por cuarta vez a Forcadell por desobediencia reiterada a sus resoluciones. Precisamente, este jueves el magistrado Llarena dio el primer paso para asumir todas las causas relacionadas y reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el procedimiento en el que se investiga a la Mesa por desobediencia y prevaricación.