El Tribunal Constitucional suspende la ley de ruptura

El Tribunal Constitucional ha decidido no perder ni un día a la hora de dictar las resoluciones que le corresponden para evitar el referéndum unilateral del 1-O. Su pleno, reunido de forma extraordinaria este martes, ha admitido a trámite los dos últimos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del presentado contra la ley de transitoriedad, que prevé el marco para constituir una república en Catalunya tras la consulta vetada, y del relativo al código tributario que crea una hacienda catalana. El pleno, reunido durante tres horas, continuará este miércoles con algunos asuntos menores que han quedado pendientes.

La admisión a trámite de sendas impugnaciones supone la suspensión automática de las dos leyes por un periodo de cinco meses, prorrogables hasta que se dicten las sentencias que previsiblemente las declararán inconstitucionales. Ambas providencias se suman a las dictadas la semana pasada por el alto tribunal para anular el andamiaje jurídico del Parlament para el referéndum. La decisión del Constitucional que suspende la ley de ruptura ha sido notificada al Govern, a la Mesa de la Cámara y a los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya, así como a los síndicos electorales del Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 

Los apercibimientos son idénticos a los del jueves pasado. En ellos el Constitucional advierte a los cargos señalados de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa prorreferéndum y de que deben abstenerse de "iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno (...) que promueva" la consulta. Todo ello "apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia", circunstancia ante la que se arriesgan a querellas por parte de la Fiscalía.

Para fines espurios

El Gobierno argumenta en su recurso que la aprobación de la ley de transitoriedad por 71 diputados -que ni siquiera son suficientes para reformar el Estatut- supone un abuso "de forma descarada" del Parlament para "fines espurios". La considera un documento "inexistente por ser de contenido imposible", ya que regula el establecimiento de una república catalana, a través de un proceso denominado "desde la ley a la ley", con el que se pretende una "legalidad catalana" al margen del Estatut y de la Constitución. Supone que el Parlament "se arrogue un poder, del que indudablemente carece, en nombre el pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional".

Entre los asuntos que aún debe resolver el Constitucional figura el recurso de súplica presentado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra el rechazo de plano de su recusación contra los 12 magistrados que conforman el tribunal.