Las armas judiciales contra el referéndum del 1-O

La ofensiva lanzada contra la convocatoria del referéndum del 1 de octubre poco tiene que ver con la que se usó contra el 9-N del 2014. Si entonces el foco de la actuación se centró en el Tribunal Constitucional y luego en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde fueron juzgados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega, en esta ocasión los procedimientos judiciales pueden estar dispersos por toda Catalunya en función de quién desobedezca.

La señal de salida para evitar la consulta unilateral la marcó el Tribunal Constitucional. Su admisión a trámite el jueves pasado de todos los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy supone que cualquier colaboración con la consulta pueda ser entendida como un delito de desobediencia, cuya investigación, en principio, corresponderá al juzgado del lugar donde se haya cometido.

El TC tumba el referéndum y ordena a la Generalitat y a los alcaldes que lo impidan

Con ese criterio de territorialidad, la Audiencia Nacional ya remitió un par de causas que había abierto por sedición contra ayuntamientos que firmaron la declaración secesionista. Y los registros en dos imprentas de Tarragona se hicieron por orden de un juzgado tarraconense tras recibir una denuncia del fiscal por desobediencia, prevaricación y malversación. Es el botón de muestra de la actitud de la fiscalía, que ordenó a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional abrir atestado e incautar los objetos del delito, para interponer las querellas y denuncias correspondientes.

Nueva suspensión este martes

El Ejecutivo contestó al pleno del Parlament de la semana pasada con dos incidentes de ejecución de sentencia, un recurso de inconstitucionalidad (contra la ley del 1-O) y tres impugnaciones, que supusieron la paralización al menos por cinco meses del andamiaje del 1 de octubre. A estas decisiones se suma un nuevo recurso que el Ejecutivo ha presentado este lunes contra la ley de transitoriedad. Al ser una norma cuya entrada en vigor está prevista el 2 de octubre y puesto que en Catalunya se celebraba este lunes la festividad de la Diada -por lo que es un día inhábil en términos judiciales-, el pleno del Tribunal Constitucional no se reunirá hasta este martes para admitirlo a trámite. 

Las resoluciones del Constitucional se hicieron llegar a más de 60 cargos de la Generalitat y a los alcaldes catalanes en forma de advertencia de que cualquier conducta que no paralice o impida el referéndum anunciado puede acarrear responsabilidades penales. Las más claras son las de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales, delitos por los que el TSJC ya investiga al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto del Govern por la firma de la convocatoria de la consulta. El 'president' salió al paso diciendo que a él solo lo puede inhabilitar el Parlament, olvidando que "como cargo público español" esa medida solo le puede ser impuesta por un tribunal, según coinciden todas las asociaciones judiciales y fiscales.

Forcadell en el punto de mira

La última querella fiscal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes cuestionadas se acumuló al procedimiento abierto en el TSJC contra ellos por querellas anteriores de la fiscalía. La diferencia es que hasta ahora el ministerio público había actuado a instancias del Constitucional y en esta ocasión lo ha hecho por iniciativa propia.

De todas las solicitudes del Gobierno, el TC solo ha rechazado una: deducir testimonio contra la presidenta Forcadell por tramitar la ley de transitoriedad. Eso da una idea de la intención que de momento tiene el alto tribunal de utilizar las nuevas armas con las que fue dotado en la última reforma de su ley reguladora. Se trata de la suspensión de cargos públicos y la imposición de multas más elevadas que las previstas con anterioridad, unas medidas que dos magistrados de su actual composición consideran inconstitucionales y que también se podrían adoptar en las querellas interpuestas. 

A todo ello se suma, además, un fleco del 9-N: el Tribunal de Cuentas calcula que su organización costó 5,2 millones de euros, que podrían tener que afrontar 11 exaltos cargos del Govern.