La fiscalía ordena a los Mossos que impidan el referéndum

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha propuesto velar por el cumplimiento del veto del Tribunal Constitucional a la celebración de un referéndum en Catalunya. Mientras el alto tribunal advertía a más de un millar de alcaldes y cargos de la Generalitat de que deben impedir cualquier actuación encaminada al 1-O, él remitía un oficio a la Fiscalía Superior de Catalunya para que ordene actuar a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra "ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".

La instrucción se dirige "a los máximos responsables" de los tres cuerpos en Catalunya "para su remisión a los servicios y unidades a su mando". El objetivo es que ante cualquier acto que sirva a la celebración de la consulta vetada abran un atestado, intervengan los objetos del delito y lo pongan en conocimiento de la Fiscalía.

La iniciativa fiscal se suma al recordatorio que el Gobierno hizo este viernes a los regidores catalanes para que “cumplan la ley”. Consciente de que si un conjunto significativo de ayuntamientos dan la espalda a Carles Puigdemont, puede frenarse la deriva independentista, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó que tanto los cargos políticos como todos aquellos ciudadanos que den su apoyo a la Generalitat serán “colaboradores necesarios” en la comisión de un delito y, por tanto, “tendrán que atenerse a las consecuencias”, informa Patricia Martín.

Denuncias o querellas

Cuando los fiscales jefes provinciales y el fiscal superior tengan a su disposición los atestados policiales o "tengan conocimiento por cualquier otra vía de actos dirigidos a organizar el referéndum procederán a la incoación de las correspondientes diligencias de investigacion y a la formulación de denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente".

El escrito se remite a los distintos pronunciamientos dictados por el Constitucional desde 2015 para sostener que, ante la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum, "cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin" puede ser "constitutiva al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".

Esos pronunciamientos, "reiterados de forma clara y sin fisuras, públicos y difundidos, dada su evidente trascendencia, a través de todos los medios de comunicación, permiten afirmar que la falta de compentencia de Catalunya para convocar consultas es un hecho notorio y de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública".  De ahí que "quede fuera de toda duda la ilegalidad" de todo acto dirigido al 1-O, asegura el oficio.