El TC tumba el referéndum y ordena a la Generalitat y a los alcaldes que lo impidan

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este jueves trámite a la batería de impugnaciones con las que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende echar por tierra las normas aprobadas el miércoles por el Parlament para articular el referéndum del 1 de octubre. La admisión a trámite conlleva la suspensión por cinco meses de la ley del 1-O, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias y el acuerdo por el que se designó a los miembros de la sindicatura electoral, lo que supone que todas ellas estarán fuera de juego de cara al día señalado por el Govern.

Fuentes del alto tribunal señalaron que el único punto que no se ha acordado, pese a que también lo requería el Gobierno, ha sido una nueva deducción de testimonio contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la tramitación de la ley transitoridad. Una vez aprobada por el Parlament volverá a ser objeto de impugnación por el Ejecutivo.

Las providencias del alto tribunal le han sido notificadas personalmente, además de al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y demás miembros del Govern, a la Mesa del Parlament, a su secretario general, al letrado mayor, al jefe de Publicaciones y a la técnica del coordinación de la producción de publicaciones, así como a los miembros electos y suplentes de la sindicatura electoral. En la impugnación contra las normas complementarias el apercibimiento se extiende a un millar de personas, porque incluye a los 947 alcaldes catalanes y a más de 60 cargos públicos, como los directores y subdirectores generales de la Generalitat, los responsables de los Mossos y los responsables de los medios públicos catalanes. El Gobierno también pidió la publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat y en los periódicos oficiales autonómicos y estatal.   

El Constitucional "advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" y les ordena que "se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno" que permita la celebración del referéndum. Concluye recordándoles "las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podrían incurrir" de desobedecer el requerimiento.

Inconstitucionalidad total

El Ejecutivo sostiene que "la ley impugnada se ve afectada por una inconstitucionalidad" total, "al ser el presupuesto del que parte la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido". Por eso debe ser anulada en "su conjunto, por conexión de todos sus preceptos puestos al servicio de una sola y misma función inconstitucional". 

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Asegura que "la evidencia palmaria de las gravísimas y evidentes vulneraciones del orden constitucional excusaría la necesidad de una exhaustiva y más profunda motivación", pero dedica 70 páginas a explicar que se está ante "una de las mayores afrentas a la Constitución que por parte de un parlamento autonómico puede concebirse".