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LOS INTERVENTORES, EN EL PUNTO DE MIRA

Rajoy controlará a la Generalitat cada semana para que no gaste en el 1-O

Amenaza con cortar el FLA si las 'conselleries' no envían sus cuentas cada miércoles

Pide que el Govern certifique que no ha invertido nada en el referéndum desde enero

Pilar Santos / Madrid

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez de Vigo / ZIPI / VÍDEO: EFE

El Gobierno central exigirá a los interventores de las 'conselleries' que certifiquen por escrito cada semana que la Generalitat no ha gastado un solo euro en preparar el referéndum del 1 de octubre. Si esos funcionarios incumplieran esta orden, mandaran información imprecisa o informaran de que se ha financiado directa o indirectamente la consulta soberanista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy trasladará "a las autoridades competentes" la información para que se exija "la responsabilidad administrativa, contable y/o penal" que pudiera corresponder. Además, el Gobierno se guarda la baza de suspender la financiación que le llega a la Generalitat gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es al marco legal al que se ha acogido la Moncloa para dar otra vuelta de tuerca al control de la economía catalana. Catalunya pidió ser rescatada por el Estado en el 2012 y ha recibido de este fondo más de 63.000 millones de euros en estos años. En el 2017 la cifra ya va por 3.600 millones. 

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por Rajoy, ha aprobado este viernes esta medida que, según el texto aprobado, estará en vigor "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general" en Catalunya. En noviembre del 2015, cuando CDC negociaba con la CUP la continuidad de Artur Mas, el Ministerio de Hacienda ya condicionó el pago del FLA a cumplir con la ley. Entonces se le pidió un informe mensual al interventor general en el que debía garantizar que ningún gasto contravenía la legalidad. Ahora, la Moncloa exige un certificado semanal y pone en el punto de mira a muchas más personas y las enumera en su acuerdo: los interventores de las diferentes 'conselleries' y entidades, los responsables económicofinancieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro. 

"BOMBA DE RELOJERÍA" PARA JUNQUERAS

La interventora general de Catalunya, Rosa Vidal Planella, deberá mandar el próximo miércoles un listado de órganos y entidades que conforman el sector público de la comunidad y los nombres de los máximos responsables. La primera certificación semanal deberá ser remitida el 28 de julio y se referirá al periodo entre los días 17 y 23. Después se establecerá como día clave el miércoles. Ese día, el interventor general deberá anexar los certificados individuales del resto de funcionarios y deberá hacer una "expresa referencia" a la existencia o no de partidas presupuestarias para el referéndum. 

Además, en el texto que este sábado publicará el 'BOE' se señala que el Gobierno central también quiere recibir el 9 de agosto una certificación de los gastos referida al periodo entre el 1 de enero y el 16 de julio del 2017. "Esto es una bomba de relojería para [Oriol] Junqueras [encargado último de organizar la consulta]", señaló un alto cargo del Gobierno.

DESVÍO DE 6.150 EUROS

Esta decisión de la Moncloa llega después de dos episodios clave: la sentencia del 5 de julio que anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum y tres días después de que la Generalitat decidiera no informar de cómo se va a ejecutar la compra de urnas. Además, según el texto provisional del 'BOE', se señala como otra causa el desvío de 6.150 euros que no están justificados en una partida de los presupuestos del "programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales". En el informe de la interventora general del día 13 se incluyeron estos hechos ante los que Hacienda ha pedido a la Generalitat más información.  

El encargado de anunciar esta medida fue el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que subrayó que el Gobierno está velando por "el interés general de los catalanes". Si el Ejecutivo cumple con su amenaza y corta el FLA, será Carles Puigdemont el que tendrá que responder ante los catalanes, aseguró. 

PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE MONTORO

El secretario de Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al Ejecutivo catalán y advirtió de que el propio Estado se puede "embozar" si "corta el grifo" a Catalunya. El PDECat pidió la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los 'comuns' censuraron que Rajoy "ataque a los derechos nacionales" de los catalanes a través del FLA. 

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