Ir a contenido

EN UN ARTÍCULO

El letrado mayor del Parlament cuestiona la legitimidad del referéndum unilateral del 1-O

El Govern sostiene que se trata de una "opinión política" sin validez jurídica

Imagen de un pleno del Parlament de Catalunya. / DANNY CAMINAL

Imagen de un pleno del Parlament de Catalunya.
Los letrados Antoni Bayona (centro) y Xavier Muro hablan con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

/

Llevan tiempo los letrados del Parlament advirtiendo a Junts pel Sí y la CUP de las dudas que plantea la vía unilateral. El último aviso lo ha lanzado el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Cámara catalana, el letrado mayor, Antoni Bayona, quien ha puesto en cuestión la legitimidad del referéndum unilateral del 1-O y las bases jurídicas de la estrategia independentista.

En un artículo titulado 'El futur polític de Catalunya: El paper del Parlament', publicado en la Revista Catalana de Dret Públic, Bayona avala el derecho a decidir, pero tras repasar la jurisprudencia vigente, concluye que "ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar el orden constitucional". Y asegura que la doctrina del Tribunal Constitucional cuestiona incluso la posibilidad de que fuera el Estado quien, previo acuerdo con la Generalitat, convocara el referéndum si la pregunta afectara al statu quo constitucional.

Bayona, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, lanza una última advertencia muy contundente: "En un contexto tan hostil, [la vía unilateral] puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como éste

VARAPALO A LA INTERPRETACIÓN DEL 27-S

El letrado mayor del Parlament también cuestiona la interpretación que los independentistas hicieron de los resultados de las elecciones del 27-S del 2015, donde ganaron en escaños pero no en votos, alertando del "error" de considerar a España como un Estado no democrático o autoritario.

"La naturaleza del proceso electoral del 27 de septiembre del 2015 [elecciones al Parlament] solo ha permitido configurar objetivamente, de acuerdo con el régimen electoral vigente, una mayoría parlamentaria que no tiene una correspondencia con la mayoría de votos obtenidos por las fuerzas políticas que impulsan el proceso diseñado en la Resolución 1/XI, en relación con el conjunto de votos emitidos", sostiene el artículo.

ESTADO Y DEMOCRACIA

También sobre el 27-S, Bayona apostilla: "Si desde el punto de vista político las elecciones habían de constituir un plebiscito para comprobar la existencia de una mayoría social a favor de la independencia de Catalunya, este objetivo político no se consiguió,  y no parece correcto desnaturalizarlo en base al criterio de los escaños obtenidos".

Otra segunda debilidad del 'procés' apuntada por el letrado es que "segrega" la idea de democracia respecto a lo que expresan los órganos generales del Estado que, recuerda, están "igualmente legitimados por procesos electorales en los que también han participado los ciudadanos de Catalunya". Y concluye que "pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado mantiene formas autoritarias (posfranquistas) que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica".

TURULL DESDEÑA EL ARTÍCULO

Ante un varapalo de estas características, el 'conseller' de Presidència, Jordi Turull, ha optado por negar toda autoridad al letrado mayor del Parlament. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el portavoz del Govern ha afirmado que "no es un artículo jurídico, sino político", por lo que lo considera la "opinión política que tiene un ciudadano" pero sin ninguna validez jurídica.

Por el contrario, los grupos de la oposición, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PPC, han coincidido en sus elogios a Bayona. Carlos Carrizosa (Ciutadans) ve el artículo como la prueba de que la "deriva" del Govern y de la CUP es "ilegal". Para Ferran Pedret (PSC), es una "impugnación en toda regla" de la estrategia independentista. Joan Coscubiela (Sí que es Pot) lo considera otro ejemplo de la "inviabilidad" del 1-O. Y Santi Rodríguez (PPC) cree que la reflexión es "de sentido común".