La fiscalía ve "sólidos indicios delictivos" en Artur Mas por el 9-N

La fiscalía se opone al archivo de la causa del proceso participativo del 9-N porque ve "sólidos indicios delictivos" en la actuación del expresidente Artur Mas y las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e "intensificaron" la preparación de la consulta al "desafiar" la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

En un escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensas de Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución de la consulta y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el TC.

"DESAFÍO ABIERTO Y PÚBLICO"

La Fiscalía, que sostiene que Mas "desafió abierta y públicamente la suspensión" acordada por el TC el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9-N en las respectivas mesas, "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica".

Las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo de la causa días antes de que el magistrado instructor del TSJC Joan Manuel Abril remitiera todo el caso al Tribunal SupremoTribunal Supremo, al entender que los hechos atribuidos al exconseller de Presidencia Francesc Homs -actualmente aforado por ser diputado en el Congreso- no se pueden desvincular de los cometidos por Mas, Ortega y Rigau.

DEVOLUCIÓN AL TSJC

El Supremo ha recibido ya la exposición razonada del magistrado y ha acordado la devolución inmediata de las diligencias originales al TSJC porque, hasta que se resuelva sobre el contenido de su petición sobre Homs, entiende que quien debe seguir instruyendo la causa es el alto tribunal catalán.

Sobre Mas, los fiscales advierten de que "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso".

Según los fiscales, el expresidente catalán, "auxiliado directamente por destacados miembros de su gobierno", como Ortega, Rigau y Homs, "desafió abierta y públicamente" la suspensión del proceso participativo ordenada por el TC.

"EN PLENA CONCIENCIA"

"No solo eso, sino que el investigado Artur Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando en plena conciencia y voluntad, dejó de suspender la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del TC", subraya el escrito.

Para los fiscales, Mas "dispuso efectivamente, o dejó de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación señalada para el 9 de noviembre del 2014".

Según los fiscales, la instrucción de la causa ha acreditado que los acusados, tras conocer la suspensión ordenada por el TC, "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así".

EN SEGUNDO PLANO

"La utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior y el propio día de la votación la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios", apuntan.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"Los fiscales apuntan","text":"\u00a0que sin la utilizaci\u00f3n de medios p\u00fablicos hubiera sido imposible que ciudadadanos voluntarios hubieran podido gestionar la consulta\u00a0"}}

En este sentido, los fiscales señalan que los preparativos se llevaron a cabo en un "clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas" y alertan de que sin usar medios públicos "la votación no habría podido tener lugar". Como ejemplo, recuerdan que, tras conocida la suspensión ordenada por el TC sobre el proceso participativo, los acusados, "con plena consciencia y voluntad de hacerlo, no ordenaron desistir de los encargos contractuales en curso, cuando podían y debían haberlo hecho, pagando por el trabajo hasta entonces efectuado", como sí hicieron con la consulta inicialmente planteada, también suspendida.

Sobre Ortega, los fiscales remarcan que, en su calidad de vicepresidenta de la Generalitat, "asumió el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación, inmediatamente por debajo del presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración".

RIGAU Y HOMS

En su escrito, el Ministerio Público también detalla que la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau se sirvió de los servicios territoriales del departamento para garantizar que los directores de centros de secundaria públicos abrieran los institutos el 9-N y se encargó de que el día de la votación hubiera 6.695 ordenadores portátiles a disposición de las mesas de votación.

Los fiscales también se refieren a la conducta del 'exconseller' de Presidencia Francesc Homs, quien "irrazonablemente legitimó la continuación" de los trabajos encargados por la Generalitat a la contratista T-Systems, en una carta en la que alegó que los servicios jurídicos del gobierno catalán certificaban que no se veían afectados por la resolución del Constitucional.

"Dicho 'conseller' no solo legitimó injustificadamente la continuación de los servicios, sino que advirtió implícitamente de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista", agregan los fiscales, que subrayan que, pese a que lo han requerido, la Generalitat no ha aportado los "supuestos" dictámenes de los servicios jurídicos a los que Homs se refirió en su carta.