PROCESO JUDICIAL POR LA CONSULTA ALTERNATIVA

Mas se escuda en que el 9-N lo ejecutaron voluntarios para pedir el archivo del caso

Artur Mas, tras declarar en el TSJC por la consulta del 9-N.

Artur Mas, tras declarar en el TSJC por la consulta del 9-N. / periodico

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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El 'expresident' Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene Rigau han solicitado este martes al TSJC el archivo del proceso judicial abierto contra ellos por la consulta alternativa del 9 de noviembre del 2014, al entender que "se llevó a cabo de manera completamente legal" y, en ningún momento, se desobedeció la prohibición del Constitucional, como sostiene la fiscalía. El principal argumento es que lo que debía ser una consulta oficial articulada por la Generalitat "se convirtió en un proceso participativo liderado y ejecutado por ciudadanos voluntarios".

El abogado Javier Melero, que representa los intereses de Mas, destaca en su escrito (al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO) que el 9-N fue legal, pues la Generalitat tiene "competencia exclusiva" en materia de procesos participativos. Este jurista sostiene que el "proceso participativo no pretendió sustituir la figura del referéndum", cuya convocatoria corresponde al Estado, ni se tuvo la intención de usar "ni el procedimiento, ni las garantías electorales, ni se uso el censo electoral".

El letrado destaca que la consulta alternativa se fundamentó "en la colaboración voluntaria de los ciudadanos" y que no se produjo "ni coacción administrativa, ni se vulneraron (antes todo lo contrario) derechos y libertades". Sostiene que "al igual que en otros procesos participativos", la Generalitat "facilitó los locales e infraestructura logística", informó de la "existencia del proceso participativo a través de los medios de comunicación y habilitó una web informativa para la ciudadanía", a la vez que "veló por garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos llamados a participar".

La exvicepresidenta Joana Ortega, representada por el abogado Rafael Entrena, alega que la causa tiene un "sesgo marcadamente político", ya que "lo que se pretende es la imputación de los legítimos representantes de un gobierno, por su actuación política vehiculada de manera democrática, responsable, pacífica y respetuosa con la legalidad". Por su parte, la 'exconsellera' d'Ensenyament, Irene Rigau, defendida por el abogado Jordi Pina, remarca que desde su departamento "simplemente" solo pusieron en conocimiento de los directores de institutos, en reuniones previas a la suspensión del TC, que la Generalitat, como titular de los centros, permitiría que se celebrara en las aulas la votación.

FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS

La defensa del expresidente detalla también que, tras la suspensión de la consulta alternativa por parte del Constitucional, el Gobierno catalán decidió dejar "por completo" la ejecución del proceso participativo "en manos de miembros voluntarios de la sociedad civil: de ciudadanos libremente inscritos". Destaca que "muchos voluntarios" eran funcionarios de la propia Administración autonómica que, "en horas libres, e incluso, sacrificando días de sus periodos de vacaciones" se pusieron al "servicio de esta iniciativa popular".

El abogado resalta que en el proceso de votación "no se produjo la mínima incidencia" y "ningún activo público pareció el menor deterioro". A título de ejemplo, señala que de los cerca de 7.000 ordenadores de la Conselleria d’Ensenyament que se utilizaron, "ni uno solo fue sustraído, extraviado o, ni siquiera, deteriorado". Después del 9-N, los aparatos fueron destinados a centros educativos.

El letrado también incide en que la contratación de servicios a proveedores de la  Generaliat "había finalizado con anterioridad" a la suspensión decretada por el Constitucional. Por lo tanto, a su entender, la puesta a disposición del "proceso voluntario" todos los elementos materiales y servicios "no supuso el menor dispendio para las arcas públicas". Es decir, el "gasto ya se había producido".

ACTUACIÓN RESPONSABLE

Según relata el abogado, "por mucho que el proceso participativo se hubiera dejado en mano de los ciudadanos, el Gobierno de la Generalitat y la administración de la misma no iban a incurrir en dejación de algunas de sus funciones estatutarias propias, ni en responsabilidad por omisión respecto a la seguridad y protección de los voluntarios y de los activos de titularidad pública, ni iban a renunciar al mantenimiento del orden público gestionara quien gestionara la convocatoria; ni, por supuesto, iban a dejar de informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de un acontecimiento político de mayor transcendencia". De esta manera, Mas justifica las actuaciones que realizó el Gobierno catalán tras la prohibición de la consulta alternativa por parte del Constitucional.

El abogado manifiesta, además, que los centros educativos abrieron sus puertas el 9-N sin que ninguno de sus responsables (solo un testigo ha afirmado lo contrario) "opusiera objeción alguna". "Los centros fueron a disposición de este proceso de participación ciudadana de la misma manera en que lo son para todo tipo de eventos sociales, deportivos, lúdicos..." y con todas las garantías y la cobertura de una póliza de seguros.

IMPULSO POLÍTICO

El jurista también descarta que el expresidente cometiera un delito de prevaricación, pues "para el caso de que se concretaran resoluciones" dudosas,  no serían "más que el producto de un impulso político articulado y fundamentado a través de las competencias constitucionales y estatutarias que objetivamente le eran propias". A su entender, tampoco cabe hablar de malversación, pues "cualquier decisión o acto dirigido a aprobar un gasto derivado del proceso de participación se hizo de forma justificada, amparada por la legislación vigente y para el servicio de una finalidad de innegable interés social en lícita ejecución d elos objetivos políticos propios de un programa de gobierno".

LA VERSIÓN DE LA EXVICEPRESIDENTA

"Los procesos políticos que se desarrollan pacíficamente y democráticamente tienen que ser resueltos en el ámbito de la política, por medio del diálogo y la negociación y, si es necesario, por medio del debate, la movilización y el referéndum de las urnas, pero es evidente que un proceso penal no resulta adecuado, legítimo, ni mucho menos conveniente, para conducir un proceso de estas características, dimensiones y consecuencias para Catalunya y España", remarca el escrito de Ortega.

Al igual que Mas, la exvicepresidenta recuerda que el proceso de participación que la Generalitat impulsó como alternativa a la consulta inicialmente prevista no utilizaba ningún censo electoral ni registro de población y contaba con la participación "fundamental" de un colectivo de voluntarios. Por su parte, Rigau argumenta también que los ordenadores que sirvieron para la votación de la consulta ya estaban adquiridos desde "mucho antes" del día de la suspensión ordenada por el Constitucional, y que su destino era atender a las necesidades de las escuelas, donde están ya plenamente operativos tras servir para el 9N.