ANÁLISIS

Nos jugamos la vida

La ciudad del futuro debe decidir si prevale el derecho a la salud o a coger el coche

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OLGA MARGALEF

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El derecho a la salud es un derecho fundamental y es común asociar su garantía a una buena atención médica o unas urgencias libres de colas, pero también supone vivir en un ambiente que no nos enferme. Dicho de otra forma, la mejor atención médica no devolverá la salud a los miles de enfermos por exposición al amianto. Si quien lee estas líneas vive en el área metropolitana de Barcelona (AMB) debe saber que su derecho es vulnerado cada vez que respira. No se cumple la normativa europea de calidad del aire, tampoco la de la Organización Mundial de la Salud.

Actualmente, multitud de artículos científicos demuestran la relación entre contaminación atmosférica enfermedades respiratorias, cardiacas y neuronales. Tampoco hay controversia alrededor de la causa en la AMB: la densidad de vehículos más alta de Europa. Autovías urbanas y un ensanche que permite muchos carriles circulando a gran velocidad. Esta situación no es nueva. Sin embargo, ahora ocupa la agenda política y, según indica el barómetro municipal, es una preocupación importante de la ciudadanía. 

Por desgracia, la creciente concienciación no ha servido para avanzar. El tráfico privado ha aumentado los últimos tres años, un fracaso del Plan de Movilidad Urbana 2011-2018, que tenia por objetivo reducirlo. La burbuja inmobiliaria ha expulsado a la población cada vez más lejos de los centros de trabajo y hay una demanda creciente de movilidad. Pero cabe destacar que en Barcelona circulan un millón de coches diarios con una ocupación media de 1,14 personas. Y el 69% de este tráfico se da entre zonas dotadas de metro o tranvía. El resultado es que la ciudad nos priva de salud y de un espacio público de calidad.

Medidas estructurales

No podemos permitir que la zona de bajas emisiones anunciada por el ayuntamiento se convierta en una renovación del parque. Necesitamos medidas estructurales como la tasa de toxicidad o peaje urbano, aplicada con éxito en Londres o Estocolmo. Quien contamina paga, y los ingresos se destinan a transporte o salud pública. Necesitamos una nueva tarifación del transporte público, en que se abarate y fidelice el uso mediante abonos. Necesitamos potenciar la ciudad que camina y va en bici, incentivar el 'car-sharing' y movilidad eléctrica para taxis y repartidores. También mejoras en las infraestructuras ferroviarias, pero la espera de inversiones no es excusa para posponer actuaciones. La política institucional nos tiene acostumbrados a peleas electoralistas en detrimento de los intereses de la mayoría, pero el cambio modal no debería usarse como arma partidista, como vemos en el caso del bloqueo de la unión de un tranvía que conectará nueve municipios.

Alrededor de 700 muertes prematuras anuales en Barcelona debido a la contaminación. Los movimientos sociales de la ciudad plantean una premisa bien simple: Nuestro modus vivendi no nos debería matar. Urge una combinación de voluntad política y cambio de hábitos de la población. Necesitamos reducir el tráfico en las ciudades, nos jugamos la vida.