Confusión por el cementerio nuclear

El Gobierno ha conseguido sembrar la confusión en el trámite de adjudicación del almacén temporal centralizado (ATC), conocido coloquialmente como cementerio nuclear. Después de que Miguel Sebastián, ministro de Industria, comunicara el jueves a las comunidades autónomas con municipios que aspiraban a albergarlo que el lugar elegido era Zarra, en la provincia de Valencia, y de que ayer mismo lo hiciera saber a la Generalitat valenciana, el Gobierno se descolgó con un anuncio provisional, por darle un nombre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se remitió a una decisión definitiva posterior.

Habida cuenta de la existencia de los informes técnicos pertinentes, de que se han superado con creces los plazos fijados por el propio Gobierno y de la importancia de la materia en discusión, resulta preocupante que ahora asome una disparidad de criterios en el seno del Consejo de Ministros. La decantación por el emplazamiento del ATC no puede quedar condicionada por conveniencias electoralistas ni por un dictamen técnico que desconozca la situación legal de los dirigentes locales que han promovido la candidatura elegida o, lo que también es posible, la eventual calificación de espacio protegido de los terrenos

-todos o en parte- en los que debe construirse el ATC.

A juzgar por la confusión que también se adueñó de los apoyos a la candidatura de Ascó, es poco aventurado afirmar que los políticos obligados a pronunciarse en esta materia tienen el corazón dividido y el pulso débil. Por una parte, saben que es ineludible tomar una decisión que dividirá a la opinión pública; por otra, se resisten a arrostrar los costes de una decisión que puede salir carísima en las urnas.

La misma contradicción alienta en el enfado del Ejecutivo de la Generalitat valenciana. El equipo de Francisco Camps se opone a la instalación del ATC en Zarra, piensa recurrir la adjudicación si finalmente el municipio elegido es este y habla de decisión unilateral del Gobierno. Este guión resulta desconcertante porque el PP nunca ha renegado de las centrales nucleares. Sería lamentable que todo obedeciera a un síndrome nimby (no en mi patio trasero), destinado a contentar a una opinión pública desorientada.