El sustituto de Gallardón da la espalda a la cadena perpetua

En los escasos 18 días que lleva al frente del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá ha dado sobradas muestras de que tiene unas prioridades y un estilo muy alejados de los que en su día hizo gala su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Si nada más tomar posesión anunció que revisaría una de las medidas más polémicas puestas en marcha por el también exalcalde, las tasas judiciales, ayer dio a entender que no va promover otra de sus propuestas estrella: la cadena perpetua «revisable» que su predecesor quería imponer a los terroristas o asesinos más crueles. Catalá aseguró, en su primera comparecencia en el Congreso, que de la macrorreforma del Código Penal, que lleva un año durmiendo el sueño de los justos esperando ser tramitada en la Cámara baja, solo se va a «centrar» en impulsar aquellas medidas de «marcado carácter social».

Entre ellas, mencionó la creación del delito de matrimonio forzado o el endurecimiento de aquellos referidos a la incitación al odio, pero en su exposición inicial obvió la medida más controvertida de la ley: la prisión permanente revisable destinada a mantener durante prácticamente toda la vida en prisión a los criminales más sangrientos. Es también uno de los compromisos electorales del PP que, como muchos otros, va camino de quedarse en el camino.

«No pretendo ser recordado como el reformador del Código Penal», señaló. Tan solo ante la pregunta directa del PSOE de si va a enterrar la cadena perpetua, el ministro respondió que él y el PP cree que tiene «cabida en la cultura jurídica» pero que valorará «el grado de consenso» de la misma para decidir si la lleva «adelante». Dado que la oposición deplora esta medida, fuentes de su departamento confirmaron que, en principio, se dejará de lado.

Y es que Catalá evidenció que, como queda un año escaso de legislatura, quiere hacer un «ejercicio de posibilismo» y concentrar sus esfuerzos en aquellas materias que considera urgentes o que puedan concitar el apoyo del sector y de la oposición. De hecho, frente al estilo autoritario de Gallardón, que se enfrentó prácticamente a todos los operadores jurídicos, Catalá tendió reiteradamente la mano al mundo judicial y al resto de fuerzas políticas para acordar los cambios pendientes. Fiel a este propósito, anunció que se mantendrá la demarcación actual cuya base son los partidos judiciales. La intención del Gobierno de reorganizar completamente los tribunales y eliminar los partidos había sublevado a los alcaldes, por lo que, junto con otras propuestas polémicas (como la reforma de la ley del aborto que provocó la dimisión de Gallardón), se quedará en el cajón.

REGISTRO CIVIL

Por contra, Catalá sí seguirá adelante con el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores, pese a las dudas que la decisión genera ante su posible privatización. El ministro dedicó buena parte de su exposición a la corrupción y se comprometió a aprobar medidas que sirvan para agilizar los macroprocesos, establecer un plazo máximo de instrucción e introducir un mayor control y regulación sobre los indultos.