Seis mossos admiten que causaron la muerte de Benítez para evitar la cárcel

Treinta y cinco minutos ha durado el juicio contra los mossos d’esquadra acusados de la muerte de Juan Andrés Benítez en el Raval, tras una violenta reducción policial. Y sin jurado popular. No ha hecho ni falta elegirlo. Los agentes han aceptado 'in extremis' este lunes la propuesta de la fiscalía y las acusaciones, tanto la particular como la popular, de declararse culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral y han asumido una pena dos años de prisión, que no cumplirán, y otras medidas adicionales, como no poder acercarse a El Raval o patrullar en la calle durante cinco años.

El juez ha dictado sentencia 'in voce' y, después ha suspendido el ingreso en la cárcel de los agentes con la condición de que no cometan delito alguno durante un tiempo. En vista solo se ha leído el acuerdo y los policías han mostrado su conformidad. Un mero trámite.

La pena impuesta para los seis acusados de la muerte de Benítez, ocurrida el 6 de octubre del 2013, es de justo dos años de prisión, supensión de empleo y sueldo durante el mismo periodo, así como a cinco años más de libertad vigilada, cuyo contenido consiste en la prohibición de acercarse a una distancia no inferior a 1.000 metros del lugar de los hechos, en la calle Aurora del Raval, a patrullar por la calle y a la asistencia a un curso de derechos humanos

 A dos agentes se les ha impuesto tres meses de arresto por obstruccion a la justicia. Uno por tirar agua sobre la mancha de sangre que dejó en el suelo Benítez con la intención de limpiarla. Y otro por preguntar a una vecina si había grabado la escena de la detención con su móvil y, en vez de requisar el material, dejar que la mujer lo borrara en su presencia.   

La indemnizacion fijada en el acuerdo para la familia de la víctima, que asciende a 150.000 euros, ha sido consignada por los acusados, a los que se les ha aplicado la atenuante "muy cualificada de reparación del daño". El abogado de la Consellería de Interior ha dicho ante el tribunal que el departamento se comprometre a revisar los protocolos sobre la actuación sobre personas alteradas. En sus escrito provisionales, la fiscalía reclamaba para seis mossos hasta 11 años de prisión y las acusaciones una pena todavía mayor.

PUÑETAZOS Y GOLPES

El acuerdo recoge que los mossos condenados dieron patadas, puñetazos y golpes de rodilla y de porra a Benítez, que antes había tenido una pelea con un vecino, mientras le inmovilizaban. Y agrega que los policías efectuaron la sujección y reducción de la víctima de "forma excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de mossos intervinientes -hasta ocho-, así como en la fuerza física ejercida sobre la víctima".

Según el pacto, los agentes provocaron en Benítez un estado de estrés que, "unido a los golpes" que le dieron, llevaron a la víctima a "un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorrespiratoria". El acuerdo incide en la "desproporción" en cuanto al número de golpes propinados a la víctima, puesto que cuando se produjeron, este ya se encontraba tumbado en el suelo, "y no eran necesarios para cumplir con la obligación de los policías en el ejercicio de sus funciones".

En plenas negociaciones, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificado a las defensas y acusaciones que desestimaba los recursos presentados por los mossos y decidía mantener en el proceso a la acusación popular, ejercida por la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, la única parte que hasta este lunes se oponía al preacuerdo al que habían llegado la fiscalía, la acusación particular, ejercida por David Aineto en nombre de la hermana de la víctima, y la defensa de los acusados. Su posición ha variado radicalmente este lunes con la nueva propuesta.

CAMBIO DE OPINIÓN

Según el abogado de esta asociación, Álex Solá, el primer acuerdo solo era de un año de prisión y la oferta al final aceptada amplia a dos años esa pena y añade el condicionante de libertad vigilada. "Somos juristas y el pasado jueves, en la vista del recurso, el barco de la acusación había empezado a hacer aguas (la fiscala se refirió al "desenlace incierto" del proceso) y a salir dudas. Fue una carga de profundidad", ha asegurado.

Según la acusación popular, ante el riesgo de absolución, la asociación de derechos humanos ha preferido asegurarse una condena que impide a los agentes patrullar y acercarse al Raval, lo que a juicio de Solà, supone "una especie de destierro" del barrio barcelonés. Con el acuerdo, ha reseñado el letrado, se ha logrado "cierta protección penal" de los vecinos de El Raval, que en los últimos años han soportado prácticas policiales "fuera de toda lógica". La asociación, eso sí, ha renunciado a una de sus principales reclamaciones, que era que los agentes fueran expulsados del cuerpo.

La decisión de esta asociación de avenirse al pacto ha indignado a los impulsores de la campaña Justícia para Juan Andrés, que, en un comunicado, han afeado a la acusación popular que actúe "unilateralmente" sin lograr una sentencia justa.

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