La fiscalía pide 11 años por seis de los mossos imputados por la muerte de Benítez

MAYKA NAVARRO / BARCELONA

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La fiscal Elena Contreras Galindo solicita 11 años de prisión por cada uno de los seis Mossos d'Esquadra acusados de la muerte del empresario barcelonés Juan Andrés Benítez, fallecido en el barrio del Raval el 5 de octubre del 2013 tras ser violentamente reducido por los policías imputados. En un escrito de 40 páginas la representante del ministerio público les acusa de un delito de homicidio con dolo eventual, castigado con penas de diez años de cárcel, o alternativamente, homicidio por imprudencia grave con el resultado de lesiones graves, castitado con penas de seis años de cárcel. Y para los seis otro delito contra la integridad moral, castigado con un año de prisión. A dos de los imputados les acusa también de obstrucción a la justicia. Y para otros dos, la fiscal solicita su absolución, ya que durante la instrucción ha quedado acreditado que no participaron en las maniobras de reducción del después fallecido.

En su calificación privisional la fiscal considera que seis de los diez agentes imputados por la muerte de Benítez, "sin tener intención directa" de matar al empresario "colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podía desembocar en su fallecimiento, conociento por tanto, que este resultado pudiera producirse".

El ministerio público afirma que los policías actuaron de forma "excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal de la reducción, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de mossos intervinientes, hasta ocho, (...) como en la fuerza física ejercida sobre la víctima". Para la fiscal la situación fue completamente desproporcionada y detalla y numera la sucesión de golpes, puñetazos y patadas que recibió la víctima incluso cuando ya estaba boca abajo, esposado de pies y manos y sin capacidad de moverse. Los agentes causaron "un estado de estrés el cual, unido a los golpes, puñetazos, rodillazos y patadas diversas que le propinaron, y el uso de la porra" le llevaron a un "estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorespiratoria".

Para otros dos agentes, la fiscal pide un año y medio de cárcel por un delito de obstrucción a la justicia. Se trata de los agentes que limpiaron la mancha de sangre de Benítez que quedó sobre la acera de la calle de Aurora, cuando fue finalmente evacuado en ambulancia hasta el hospital Clínico, donde falleció. Y de la agente que no impidió que una vecina eliminara de su teléfono móvil las imágenes de la reducción del empresario que la mujer había grabado desde el balcón de su casa.

El empresario falleció la madrugada del pasado 6 de octubre tras ser reducido violentamente por ocho mossos d'esquadra. Precisamente fue Benítez quien solicitó la presencia de la policía tras haber protagonizado previamente un violento incidente con Amin Aseyakhe, un vecino del barrio que se enfrentó al empresario después que este agrediera a su mujer y a su hija. Hasta la calle de Aurora se personaron dos patrullas de los Mossos que identificaron a los dos protagonistas de la pelea. Benítez, según el relato de la fiscal, no quiso identificarse y agredió a una agente de los mossos d'esquadra. En el momento en que esta solicitó ayuda a sus compañeros, hasta cuatro mossos se le echaron encima. "El número 17557 efectuó una acción consistente en dar varias patadas a Benítez con lo que hizo caaer al suelo a este", detalla la fiscal. Y a partir de aquí 12 minutos que golpes que tuvieron su reflejo en una autopsia que detallaba fracturas, hematomas, erosiones y equimosis en buena parte del cuerpo, con especial presencia en zonas vitales como la cabeza. Los forenses determinaron que Benítez falleció por una conjucción de "múltiples causas": las lesiones, la enfermedad cardiaca que padecía y el consumo de cocaína pocas horas anteriores a los hechos.

La fiscal entiende que los mossos eran conscientes de la desproporción de su intervención y no tuvieron en cuenta "los continuos gritos y lamentos proferidos por la víctima, y la respiración agitada" que les hubiera alertado de la situación en la que se encontraba el detenido.

Los acusados deberán resarcir a la hermana de la víctima con una indemnización de hasta 100.000 euros, según la fiscal.