Los simpapeles con ingresos inferiores a la renta mínima de inserción (de una media de unos 600 euros mensuales) y que lleven un mínimo de tres meses empadronados en Catalunya seguirán teniendo acceso a la atención primaria sanitaria pública mediante una tarjeta específica expedida por el Servei Català de la Salut (CatSalut). El documento se renovará anualmente y al cabo del primer año los titulares tendrán también acceso a la atención especializada.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha detallado este jueves cómo la Generalitat cumplirá su "compromiso con el derecho de ciudadanía" a la asistencia sanitaria pública una vez entren en vigor, este sábado, las restricciones establecidas por decreto por el Gobierno central. Y ha explicado que son 600.000 las personas actualmente registradas en el CatSalut que no figuran como asegurados ni beneficiarios en la base de datos del INSS, 180.000 de ellas extranjeras.

El 'conseller' de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz. ALBERT BERTRAN

Derecho a la prestación

Ello ni mucho menos quiere decir, puntualizó, que todas estas personas no tengan derecho a la prestación, por lo que se abre un periodo transitorio de seis meses -durante los que las tarjetas sanitarias actuales mantendrán su validez- para aclarar estos casos. Los que no tengan derecho a ser considerados asegurados ni beneficiarios por el INSS recibirán la nueva tarjeta, válida solo en Catalunya.

Ruiz y los responsables del CatSalut han argumentado los plazos de empadronamiento exigidos para evitar el "turismo sanitario", y han recordado que las urgencias y la atención a menores y a enfermos crónicos, entre otras, están en todo caso garantizadas. Además, una comisión estudiará las peticiones de atención especializada dentro de estos periodos de carencia. Los titulares de la nueva tarjeta pagarán el 40% de los medicamentos.

Riesgo para la salud pública

El director del CatSalut, Josep Maria Pedrosa, ha justificado la decisión apelando una vez más en primer lugar al derecho de todos los ciudadanos al acceso a la asistencia sanitaria, así como a los riesgos que supondría para la salud pública que parte de la població quedara sin control médico y a evitar un aumento de la vulnerabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social.

En cuanto a su financiación, el conseller ha insistido en que la medida "no tiene un coste significativo, ni supondría un ahorro significativo no tomarla", porque los afectados serán finalmente pocos y el coste de la atención primaria es estructural. "Que nadie diga: 'estos catalanes se gastan el dinero en los inmigrantes y luego lo piden a España, porque es falso", ha enfatizado.

Asimismo, Ruiz ha sostenido que "la realidad es tozuda" y que las demás comunidades autónomas "irán viendo que tienen una realidad y deberán darle una solución". "Nosotros lo hemos hecho desde el primer momento", ha concluido.