El 'no' de los registradores frena la reforma del Registro Civil

La intención del Ministerio de Justicia de encomendar la gestión del Registro Civil a registradores de la propiedad y mercantiles puso en pie de guerra a jueces, abogados y notarios, que tachaban la operación de «privatización» en toda regla y veían a los registradores (profesión a la que pertenece Mariano Rajoy) como los grandes beneficiarios. Sin embargo, este colectivo, reunido en asamblea, también ha rechazado una iniciativa que opina que le acarreará más trabajo que ventajas. Ante ello, el Ejecutivo se replantea su propuesta.

Justicia no tiene demasiado tiempo para reflexionar porque en julio del año próximo entra en vigor la ley -aprobada la legislatura pasada- que exige desvincular a los jueces de los registros civiles y fija que sean funcionarios o secretarios judiciales los que se encarguen de la gestión de las oficinas donde se inscriben nacimientos y defunciones. El problema es que, en tiempos de crisis y recortes, se hace difícil convocar las plazas necesarias para asumir el control de los 8.400 registros existentes en España. De ahí que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pusiera sobre la mesa su traspaso a los registradores. Y estableció además una línea roja: que la mayoría de las inscripciones que ahora son gratuitas lo sigan siendo en el futuro, lo que ha provocado, entre otros motivos, elnodel colectivo.

LOS VOLUNTARIOS / La tercera asamblea general de registradores, celebrada a mediados de abril, aprobó por mayoría una ponencia contraria a la defendida por la dirección de su colegio. En ella se solicita a Justicia que busque el «mayor consenso social y político posible» y que, si finalmente quiere seguir adelante con sus planes, «establezca una fuente de financiación suficiente».

Ante este rechazo, sindicatos de funcionarios y secretarios judiciales han dado un paso al frente y se ofrecen a Justicia como los encargados idóneos del Registro. Ambos colectivos reconocen, no obstante, que el traspaso tendría que hacerse por fases (para convocar las plazas, por ejemplo) y no descartan que se cobre una tasa moderada para sufragar los cambios. Justicia estudia ahora todas las opciones: o bien mejorar la propuesta a los registradores, o buscar otros posibles encargados, pero siempre que ello no suponga costes. Eso sí, se niega aún a revelar nada para evitar el revuelo que provocó su primera opción.