La Generalitat frena el control de calidad de la educación obligatoria

Entre las pocas decisiones de trascendencia adoptadas desde la llegada, a finales de diciembre, de Irene Rigau a la Conselleria d'Ensenyament figura la de aplazar la prueba externa ideada para los 65.000 alumnos de cuarto de ESO, el último curso de la escolarización obligatoria, prevista para el próximo mes de abril, cuya anulación fue anunciada el 16 de febrero en el Parlament.

Días después, el pasado 8 de marzo, se aprobó el decreto que suspende la actividad de la recién creada Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, el organismo puesto en marcha por la ley de educación de Catalunya (LEC), aprobada con los votos de CiU, al que se confiaba la misión de auscultar la salud del sistema educativo durante los próximos años.

Paradójicamente, se trata de dos torpedos en la línea de flotación de uno de los ejes programáticos proclamados por el nuevo Govern: la lucha contra el fracaso escolar. La máxima de ahorrar costes explica, en parte, lo sucedido, a pesar de que no solo la consellera, sino también el president Artur Mas, han justificado reiteradamente los recortes aplicados a las cuentas de Ensenyament --como es el caso de las ayudas para la organización de actividades extraescolares durante la difunta semana blanca--, con la necesidad de concentrar esfuerzos económicos en el combate contra el abandono prematuro del sistema escolar.

Aplazado a febrero del 2012

El examen a la totalidad del alumnado de cuarto de ESO se ha postergado, en principio, a febrero del 2012, con el argumento de que el momento ideal para la celebración de las pruebas es en febrero y no en abril, como había planificado el anterior equipo de gobierno de la conselleria, que ya se propuso organizar la prueba hace un año.

La evaluación externa de los alumnos del último curso de primaria, sexto, que este año llega a su tercera edición, se mantiene en la fecha prevista: el 3 de mayo. Esta es la única prueba existente en Catalunya comparable a la que ha sido aplazada.

A la Agència d'Avaluació enviada al congelador, la LEC le encarga el diagnóstico de la salud de la administración educativa, los centros, el profesorado, los alumnos, los servicios, los programas y las actividades escolares. Y le confía la confección de un informe anual con el resultado de las evaluaciones realizadas. La suspensión sine die de su puesta en marcha se justifica por las estrecheces del actual "contexto presupuestario y financiero".

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