La defensa de Ballesteros asegura que los trabajos de Inipro se hicieron

David Rocamora, abogado defensor del alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), ha asegurado que los trabajos de Inipro se hicieron y que el informe del interventor del Estado ratifica la declaración en sede judicial del alcalde.

El informe del interventor del Estado cuestionaba que Inipro hiciera los trabajos de atención al inmigrante por los que cobró 56.492 euros en el 2010; al año siguiente, 102.607, un 81,63% más sin ninguna justificación, y en 2012, otros 95.976. El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) contrató a Inipro por procedimiento negociado sin publicidad y prorrogó el contrato en el 2011 y el 2012 aunque tenía que abrirse otro concurso, por lo que el informe lo considera nulo de pleno derecho.

El juzgado número 1 de Tarragona investiga al alcalde por prevaricación, malversación, alteración del precio de subasta y tráfico de influencias porque Ballesteros autorizó los pagos en siete ocasiones pese a advertencias en contra. El alcalde siempre ha sostenido que los autorizó para no cometer enriquecimiento ilícito al estar los trabajos realizados y, en declaraciones a Efe, su abogado considera que el informe independiente ratifica esa tesis.

"El informe no contradice ninguno de los elementos aportados por el alcalde en su declaración, al revés, ratifica todo lo que señaló", ha afirmado Rocamora. Según la defensa del alcalde, a Ballesteros "los trabajos se le acreditaron como realizados por parte del organismo competente y se le advirtió de que, en caso de no proceder a su pago, se incurriría en enriquecimiento injusto".

Por eso, "ejecutó una obligación legal conforme las informaciones de las que disponía" y subraya que "no le corresponde al alcalde controlar toda la ejecución finalista de todos los contratos de un ayuntamiento durante tres años" porque "si no, no ocuparía la posición de alcalde". Respecto a la nulidad de pleno derecho de la prorroga del contrato que señala el interventor del Estado, el abogado replica que "es una irregularidad administrativa que ya se puso de manifiesto en su día y no hay ninguna novedad al respecto".