EL ESTADO DEL BIENESTAR

Clamor contra la partida estatal para dependencia

Una anciana, en una residencia de ancianos

Una anciana, en una residencia de ancianos / CARLOS MONTAÑÉS

EL PERIÓDICO / BARCELONA

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La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se plantea presentar una demanda contra el Gobierno de Mariano Rajoy para obligarlo a aportar al presupuesto que se destina a la aplicación de la ley de la dependencia los recursos necesarios para que se cumpla. Así lo anunció ayer el director de la asociación, José Manuel Ramírez, quien denunció que el dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que tienen derecho a ello, sobre todo al último grupo incorporado a la lista de beneficiarios: los dependientes moderados que tras varios retrasos entraron en el sistema el pasado 1 de julio.

Ramírez los cifra en 314.570, informa Europa Press. La demanda no será inmediata, afirmó el también presidente del Observatorio de la Dependencia. La asociación buscará apoyos de otros colectivos y apostará por un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional que presentará en enero.

El incremento de inversión estatal para el año próximo es de 75 millones de euros, lo que deja la cifra total de gasto en dependencia para el 2016 en 1.252 millones. Según los números de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con ese incremento anual se necesitarían 25 años para atender a todos los dependientes.

Ramírez también denunció que la infrainversión estatal golpea las arcas autonómicas, algo que el Gobierno catalán ha denunciado casi a diario en los últimos años. La proporción de inversión en aplicación de la dependencia es ahora mismo sumamente desigual, afirma la asociación: el Estado asume un 22% del total y las comunicades autónomas tienen que apoquinar el 78%. La ley no deja escapatoria a las comunidades, que confiaban en que la inversión se compartiría al 50% entre las dos administraciones. Sin embargo, el Estado no está obligado a igualar la inversión autonómica. Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy ya suprimió en el 2012 el llamado nivel mínimo acordado, por el que entregaba casi 300 millones de euros a las comunidades autónomas.

MUERTOS QUE YA NO ESPERAN

 En España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 las reciben. El pasado 30 de junio, 75.646 personas esperaban una valoración. Subrayó Ramírez el reverso de un dato que parece positivo. La lista de espera para recibir prestaciones se ha reducido en 175.000 personas. Pero no es que se atienda a más gente, sino que la reducción existe gracias a que muchos murieron esperando esa prestación y a la muerte de muchos que ya la recibían.