Catalunya y tres autonomías más se insubordinan contra la LOMCE

Catalunya y, con diversos matices, el País Vasco, Andalucía y Canarias ni siquiera esperaron a la aprobación de la LOMCE o ley Wert por el pleno del Congreso -donde un PP en soledad absoluta impuso ayer su mayoría absoluta- para anunciar que preparan su «insumisión» a la polémica norma y que recurrirán ante el Tribunal Constitucional en cuanto esta vea la luz en el BOE. «Los colegios catalanes, en todo caso, no la aplicarán. Solo se guiarán por la ley de educación de Catalunya (LEC)», retó la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, frente la imposición del castellano como lengua vehicular en toda España.

Rigau tiene claro desde el primer borrador de la LOMCE que esta persigue el «control centralizador» de todo el sistema educativo español y, con ello, debilitar la lengua catalana al obligar a establecer que las escuelas catalanas deberán ofrecer también enseñanza en castellano como lengua vehicular. «No se cumplirá. El sistema de inmersión lingüística es obligatorio en catalán según las características de cada lugar y donde haga falta», subrayó ayer.

En una línea similar, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, se mostró convencida de que Euskadi podrá preservar su modelo educativo frente a las modificaciones de la LOMCE, de la que los portavoces de la oposición dijeron ayer que será la más efímera de la historia. La oposición ratificó su compromiso  de derogarla en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta. «El Gobierno vasco va a hacer todo lo posible para garantizar su modelo educativo propio», subrayó Uriarte.

Con menos rotundidad, porque «al tratarse de una ley orgánica, es de obligado cumplimiento», fuentes de las consejerías de Andalucía y Canarias, explicaron que tienen grupos de expertos estudiando un modelo alternativo con normativa propia para minimizar los efectos y dar largas a la aplicación de la LOMCE al menos durante el curso 2014/2015.

SOLEDAD Y NEGACIONES / Wert, blanco de las críticas por su cerrazón al  diálogo, incluso por parte de las comunidades gobernadas por el PP, recibió ayer un suspenso tan general que incluso dos diputados afines del Foro de Asturias y Coalición Canaria se abstuvieron. Ayer, en su triste soledad ante el pleno, negó todas las acusaciones y críticas, a su juicio, «nacidas del prejuicio». Así, rechazó que la normativa suponga una segregación, rompa con la igualdad de oportunidades, desmantele la educación pública o ataque al catalán. En su opinión, su ley solo intenta paliar los daños que causaron las del PSOE, el elevado abandono escolar y los bajo nivel en PISA. Aunque más calmado que en otras ocasiones, dejó caer otra perla con su rigor de siempre: «Los repetidores nos cuestan 24.000 millones de euros».