«Me propongo culminar el proceso de las reformas»

Tras repasar ante sus señorías los altos y bajos que, en su opinión, ha vivido la economía española durante su mandato, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó por enésima vez que su intención es terminar la legislatura cuando toca. O sea, en marzo del 2012. Y es que el jefe del Ejecutivo asegura que aún tiene suficientes deberes por hacer -ayer anunció reformas que atañen a las hipotecas, el techo de gasto, la morosidad y los emprendedores- como para no ceder a las tentaciones de adelantar las generales. «El Gobierno se propone culminar su proceso de reformas en la última parte de la legislatura. Y ello demanda lograr la aprobación definitiva de los 36 proyectos de ley pendientes de tramitación», afirmó.

En la lista incluyó la reforma de las pensiones; la modernización de la justicia; la reordenación de la Inspección de Trabajo, las telecomunicaciones, el transporte por carretera, el sector eléctrico y de hidrocarburos; el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y a la muerte digna, y la ley del Museo Reina Sofía. Además de las cuatro iniciativas que ya planteó durante el debate.

REGLA DE GASTO

Acuerdo en el Consejo de Política Fiscal

Consciente de que el PP tiene en su poder casi todas las comunidades desde los comicios del 22-M, Zapatero se vio obligado a hacer un llamamiento al «compromiso» de las autonomías en la lucha contra la crisis, desde «la colaboración leal y un intenso ejercicio de responsabilidad fiscal». En este contexto, anunció que el Gobierno propondrá en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -tendrá lugar en julio- la aprobación de una regla de gasto para las comunidades, similar a la que se aprobará para el Ejecutivo y las corporaciones locales. Mariano Rajoy aseguró tras las elecciones de mayo que los territorios donde gobierna el PP pensaban tomar esa medida con urgencia en sus respectivos parlamentos.

En realidad, Zapatero ya apuntó que demandaría ese compromiso de ligar por ley el gasto y la evolución del PIB en marzo tras un encuentro del Consejo Europeo en el que se le recomendó que lo hiciera. Además, la Comisión Europea aprobará en breve una directiva que deberá aplicarse a la legislación española en un plazo máximo de dos años y que obligará a todas las administraciones a marcar un techo de gasto.

DIFICULTAR LOS DESAHUCIOS

Aumento del tope de sueldo no embargable

En un claro guiño al movimiento de los indignados, el jefe del Ejecutivo se comprometió a aprobar, en las próximas semanas, medidas para aumentar la protección de las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria cuando no pueden pagar las cuotas. Según matizó en su discurso de la mañana, tratará de hacerlas compatibles con los principios de «seguridad jurídica» y «solvencia de las entidades prestatarias». Ya por la tarde, aprovechando su réplica al portavoz de CiU, José Antoni Duran Lleida -que presentará una resolución sobre desahucios-, aclaró que subirá un 50% por encima del salario mínimo interprofesional el límite no embargable del sueldo de las personas a las que ya se les haya desposeído de la casa pero aún deban dinero al banco. Habrá un 30% adicional por cada miembro de la familia que no tenga ingresos propios. Eso significa que elevará de 641 a 961 euros el sueldo no embargable, que podrá alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a cargo dos miembros del núcleo familiar sin ingresos.

El Gobierno, añadió, también estudiará algunos «supuestos abusivos» en la ejecución de hipotecas y en el proceso de subasta de las viviendas por parte de los bancos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseveró que hay que evitar embargos y desahucios «con precios abusivos para las familias». «Se trataría de poner un suelo a la caída del precio que suelen exigir los bancos», añadió.

IMPAGOS Y EMPRENDEDORES

El ICO pagará facturas de los ayuntamientos

Zapatero garantizó que antes de dejar el Gobierno dará vía libre a nuevas medidas para favorecer a los emprendedores (no dio más detalles desde la tribuna) y, al tiempo, intentará aliviar la morosidad que padecen, especialmente, las pymes y los autónomos ante las entidades locales.

Además, recalcó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a poner en marcha una línea para el pago directo de las facturas pendientes de los ayuntamientos con empresas y autónomos a 30 de abril del 2011. El plazo del préstamo al consistorio no podrá superar los tres años ni el 25% de la participación del municipio en los tributos del Estado, que contribuirá a la «garantía final» del préstamo. CiU le afeó que en anteriores presupuestos vetase una línea del ICO de similares características.