Unió rehusará aceptar el ultimátum de Convergència

Solo aquellos que peinan más canas que crisis vividas entre Unió y CDC creen aun que la federación nacionalista no se va al traste. En lo que será un nuevo paso en la escalada bélica entre ambos partidos, desde que se conociera el resultado de la consulta a la militancia, el comité de gobierno democristiano, que se reunirá hoy de urgencia a las 14 horas, rechazará el ultimátum lanzado el lunes por Convergència. Si CDC planteó a sus aún socios un sí o sí a incluir en el programa electoral conjunto la referencia a la independecia, el no de hoy abre las puertas de par en par para el divorcio.

Cabe contar, además, que el divorcio será doble, por cuanto la propia dirección democristiana se fracturará entre los ocho votos a favor de la propuesta convergente (los de los críticos, que además cuentan con cuatro miembros más, aunque sin derecho a sufragio) y los 19 oficialistas. Según fuentes de este último sector, el últimátum verbalizado por Josep Rull «es una propuesta tácita de ruptura» de la federación y, al tiempo, consideran «inaceptable» que «la respuesta a una oferta de diálogo sea decir «o pasáis por el aro o nada».

Así sería el divorcio de CiU

En sus declaraciones públicas, los altos cargos de Unió ya han ido dejando pistas de lo que va suceder este mediodía. Así, Toni Font, vicesecretario general, lamentó que Convergència ponga «muy difícil» el acuerdo entre los socios al «no dar ningún paso atrás» en la hoja de ruta. Aunque, de hecho, CDC no ha entrado ni a debatirla, sino que a puesto como condición previa que los democristianos acepten la mención al estado independiente. Algo que también escuece a Unió, ya que, según dijo el propio Font en Ràdio Sabadell, su partido no puede ir por el camino de «independencia sí o sí». «No somos un partido de blancos y negros, no podemos imponer una solución que solo satisfaga a CDC. No podemos ir por este camino», advirtió.

En la otra trinchera, la convergente, Francesc Homs, en su papel de portavoz del Govern, no quiso soltar prenda alguna sobre cómo se vivió la crisis en la reunión semanal del Ejecutivo. Aunque sí deslizó que el debate «vivo e intenso» no es nuevo, sino que arranca en «diciembre del 2013, cuando se pactó la pregunta del 9-N». Es decir, cuando se incluyó el término «Estado independiente» como el objetivo a conseguir.

También explicó Homs que todo Ejecutivo se sustenta sobre una mayoría de gobierno, y que si hay «variaciones» en esta mayoría, estas afectan al propio Gabinete. Si a eso se suma su recordatorio de que «todos los consellers tienen su cargo a disposición del president » puede entenderse que, quien más quién menos la Generalitat, se está preparando para una crisis en el Govern con salida de los miembros democristianos.

Eso, claro está, en el caso de que se produjera el divorcio. ¿Y cómo se llevaría a cabo? Los estatutos de la federación, del 2004, ya lo prevén. Así, su artículo 68 reza lo que sigue: «La federación se disolverá por el acuerdo adoptado por sus miembros, por la declaración explícita de uno de sus miembros(...)» . Después, la ejecutiva de la federación crearía una comisión liquidadora paritaria integrada por cuatro miembros que se encargaría de todas las «operaciones materiales y económicas» que comporta la liquidación. Y por cierto, los estatutos señalan que nadie podría llevar el nombre de CiU una vez consumado el divorcio.

Por otra parte, si los consellers de Unió, en el caso de salir del Govern, precisan de un lugar parlamentario donde ir tras la separación, Ciutadans les abrió ayer sus puertas. Sobre todo a aquellos que «quieran trabajar por la unidad y tender una mano a España».