La mayoría de españoles querían votar la reforma constitucional

En un acto solemne, el Rey sancionará hoy la reforma de la Constitución que aprobaron el PSOE y el PP antes de finiquitar la legislatura, y que sorteará definitivamente el referendo al no obtener esta iniciativa el respaldo mínimo de diputados exigido. Lo cierto es que los partidos minoritarios tenían razón cuando afirmaban que los españoles querían votar la limitación constitucional del déficit. Según el barómetro preelectoral de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, seis de cada 10 ciudadanos eran partidarios de que los cambios en la Carta Magna se hubieran sometido a referendo, algo que ya no es posible. De haberse convocado la consulta, muy probablemente habría ganado el sí, ya que otro 60% de encuestados apoya que se constitucionalice el principio de estabilidad presupuestaria.

Las entrevistas se realizaron entre el 19 y el 22 de septiembre, cuando todavía era posible forzar el referendo, con la firma de 35 diputados o 26 senadores. Hoy, en cambio, esta posibilidad es ya inviable, de manera que la opinión ciudadana queda plasmada solo en la demoscopia. El 57,9% avala la reforma, el 23,5% la rechaza y el 18,6% no se pronuncia. El 61,1% solicitaba una consulta, el 30,9% se oponía y el 8% evitaba dar su opinión. La petición de un plebiscito (que podría haberse hecho coincidir con las elecciones generales) era transversal, ya que el 64% de votantes del PSOE y el 52% de simpatizantes del PP eran partidarios de votar los cambios. Solo en el electorado de UPD, el partido de Rosa Díez, son más los opositores al referendo.

Los españoles comparten la idea de fijar un techo de déficit, sobre todo porque la mayoría veía con temor la amenaza de la intervención de España por parte de la Unión Europea. Un 57% de los ciudadanos consideran que la medida contribuirá a alejar esta espada de Damocles -la mayoría de votantes socialistas y populares respaldan esta tesis-, aunque un 22% no tiene tan claro que la reforma alivie la situación económica del país. De hecho, las opiniones están fuertemente divididas acerca de la utilidad de esta modificación para acelerar la salida de la crisis. Un 42,5% cree que puede contribuir a ello, pero un 42,6% piensa exactamente lo contrario. El pesimismo se acentúa en Catalunya, donde casi el 60% desdeña el impacto de la iniciativa, y en Euskadi, donde este porcentaje también supera el 50%.

La mitad de los encuestados admite que limitar el déficit obligará a las administraciones a ejecutar recortes en políticas sociales, y un porcentaje similar opina que la medida recorta el autogobierno de las comunidades autónomas, al imponerles un tope de déficit inferior al de la Administración central. Por su parte, uno de cada tres españoles sostiene que la reforma de la Constitución no implicará pasar la tijera por los servicios sociales, ni limitará las competencias autonómicas.

PASAR LA TIJERA / Ante la dicotomía impuestos o recortes para equilibrar los presupuestos, un 61% opta por disminuir el gasto público, mientras que un 23% prefiere subir la presión fiscal. Y la balanza se decanta por los ajustes entre los votantes de todas las fuerzas políticas. Los ciudadanos vuelven a dividirse al valorar los continuos tijeretazos autonómicos. Un 45% los justifica, frente a un 43% que no halla explicación. Los jóvenes, las personas con menos estudios y los catalanes son los más contrarios a los recortes.

Un tercio de los españoles considera más justos los recortes que aplica el PP en sus comunidades, y uno de cada cuatro avala antes los ajustes de las autonomías del PSOE. Pero unos y otros coinciden en que la tijera está afectado a las políticas sociales. Por ello, una gran mayoría (87%) apuesta por subir los impuestos a los ricos, y un 71% está de acuerdo con la medida del Gobierno de recuperar el impuesto de patrimonio.