Mas pide al TC que desoiga el veto del Estado al 9-N

El Tribunal Constitucional (TC), un órgano formado por 12 magistrados de «reconocido prestigio» pero sometido a una politización extrema en los últimos años, se está convirtiendo en el único «diálogo» existente entre el Gobierno del PP y la Generalitat, dada la incapacidad de ambos por usar vías políticas para resolver el contencioso soberanista. El Govern ha presentado un recurso contra la más que previsible decisión de hoy del TC de suspender de nuevo, a instancias de la Moncloa, el «proceso participativo» del 9-N. La munición de Artur Mas incluye la posibilidad de apelar también a la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló a la grandeza: al sentido de Estado.

Los argumentos del recurso del Govern, presentado por el conseller Francesc Homs, son que el Gobierno quiebra las reglas de la «buena fe» haciendo un uso «desproporcionado y abusivo» del derecho a la tutela constitucional y presenta recursos de forma «sistemática». El texto catalán califica de «desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y abusivo» el hecho de parar el nuevo proceso.

SIN «GARANTÍAS ELECTORALES» / Según el Govern, los recursos el Ejecutivo de Rajoy forman parte de una estrategia reiterada contra las iniciativas catalanas de autogobierno. El escrito destaca que se ha intentado obtener la delegación de la competencia sobre referéndums, que se elaboró una ley para amparar la consulta no referendaria y que, «agotadas las vías anteriores», se optó por el proceso participativo. Una opción que el Govern basa en los derechos a la libertad ideológica y de expresión consagrados en la Constitución.

El texto hace equilibrios para defender y a la vez rebajar el nuevo 9-N. Por una parte, deja en evidencia de que se han devaluado las condiciones democráticas respecto a la consulta inicial («no es un referéndum ni se le parece» ni dispone de «garantías electorales») con lo que trata de argumentar que no es una consulta encubierta, como alega el Gobierno. Sobre la pregunta, que es la misma que la del decreto suspendido, alega que se tendrán en cuenta también las respuestas distintas a las inicialmente previstas. Por otra parte, en este juego de equilibrios, el Govern trata de dar fuerza ante la ciudadanía a lo que se pretende hacer el 9-N. Se trata de «una regulación distinta», apunta el escrito. El documento trata de poner en contradicción al Constitucional al Gobierno. Cita sentencias del TC que reconocen, según el Govern, el derecho a decidir, si se plantea la iniciativa por los cauces constitucionales. Y en cambio acusa al Gobierno de haber sido «reiteradamente reticente a admitir cualquier vía de encuentro».

El otro argumento del recurso es técnico: el Gobierno debería haber usado el mecanismo del «incidente de ejecución». Es decir, haberse quejado de que el Govern incumple la suspensión del 9-N. Pero de haber usado ese mecanismo, la Generalitat dispondría de margen para recurrir y el 9N se celebraría sin ser suspendido. En el escrito llama la atención la contundencia con la que se admite que la suspensión del Constitucional de la ley y el decreto de consultas han sido obedecidas desde el Palau de la Generalitat: «El Gobierno de la Generalitat ha acatado las citadas providencias y ha paralizado la consulta».

OTRAS VÍAS LEGALES / Además del recurso presentado, el Govern tiene listo un recurso contencioso-administrativo por posible vulneración de derechos constitucionales que podría presentar en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de recurrir el nuevo 9-N. Según fuentes judiciales y del Govern, en este recurso se solicita una medida cautelarísima: suspender la suspensión, siempre que el TC la decida. El Consell Executiu de este martes adoptará que camino se debe seguir. Una posibilidad es este recurso, que ya está preparado, y otra recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando la vulneración de derechos fundamentales por no poder expresar la opinión votando.

Frente a estas iniciativas, Rajoy apela a tomar los caminos adecuados ante las «grandes encrucijadas». El líder del PP ensalza la integración y la unidad dentro de la diversidad. Y recibe el apoyo del presidente colombiano, Manuel Santos, que defendió la «integridad constitucional y territorial» de España.