Catalunya fue la primera comunidad autónoma en coger la tijera y la que más ajustes lleva acumulados. Pero no es la única. El resto también han emprendido severas medidas que se apoyan fundamentalmente en tres patas: los funcionarios, la sanidad y la educación. Lo paradójico es que, siendo el PP el que gobierna en la mayoría de autonomías, durante el último tramo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en la campaña electoral de las pasadas generales, los conservadores se dedicaron a repetir machaconamente que la sanidad y la educación eran las líneas rojas que no estaban dispuestos a traspasar ni a permitir que se traspasaran. Pero la realidad se ha encargado de desmentirles: las comunidades están obligadas a conseguir situar su déficit en el 1,5% de su PIB, lo que les obliga a recortar entre todas 16.000 millones de euros este año.

Protesta de funcionarios contra los recortes ante el Ministerio de Economía, el pasado 8 de junio en Madrid. JOSÉ LUIS ROCA

Entre los recortes más llamativos está el cierre de dos hospitales públicos que ha aprobado el Ejecutivo de Baleares, así como medidas que vetan el acceso a la sanidad pública en Galicia y la Comunidad Valenciana. Otras comunidades han recortado también en el número de altos cargos, como Extremadura y Castilla-La Mancha. Sin embargo, María Dolores de Cospedal ha decidido que a los que se quedan en sus puestos les subirá el sueldo entre un 8,6% y un 10,9%.

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