Una jueza de Alicante suspende el cambio de nombre de calles franquistas a petición del PP

Considera que el ayuntamiento decidió ejecutar la medida pese a estar tramitándose un recurso

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Las 46 calles con nombres franquistas de Alicante deberán esperar a ser cambiadas, a pesar del acuerdo del ayuntamiento del mes de julio en cumplimiento de la ley de memoria histórica. El grupo del PP presentó el pasado 7 de diciembre un recurso judicial contra la decisión del consistorio --gobernado por PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís-- y solicitó a la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro paralizar la aplicación del acuerdo. La magistrada ha decidido aceptar la medida cautelar y ha ordenado este jueves suspender el cambio de nombres y reponer las placas ya retiradas, según recoge el auto del juzgado dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Así, la jueza ordena la paralización del cambio de placas de rotulación de las vías públicas "en aquellas en las que materialmente no se hubiera producido", el restablecimiento "a la mayor brevedad posible" de las placas primitivas en las que se haya hecho y la retirada de las placas con la nueva denominación que ya se hubieran colocado.

Además, pide la paralización de todos los trámites administrativos iniciados en orden al cambio de denominación de las vías afectadas así como el libramiento de las comunicaciones oportunas a las personas, entidades, organismos afectados y a los jefes de distintos ámbitos y unidades administrativas municipales, para hacerles saber que este acto administrativo se encuentra suspendido y, por lo tanto, no puede desplegar sus efectos.

SIN RAZONES "DE URGENCIA"

El equipo de gobierno de Alicante anunció el pasado mes de julio su intención de cambiar los nombres de calles relacionadas con la Guerra Civil y el régimen franquista en la ciudad a partir de los meses de septiembre y octubre. A mediados de diciembre, el consistorio puso en marcha la medida de cambio de la primera de las 46 calles franquistas de la ciudad, de manera que la avenida Adolfo Muñoz Alonso, en el barrio de San Blas, pasó a ser de las '27 Constituyentes'.

En el auto se indica que el Ayuntamiento de Alicante, pese a tener conocimiento no solo del recurso sino además de la apertura de la correspondiente pieza de medida cautelar, procedió "de manera precipitada e inmotivada, dado que no concurrían razones de urgencia" a la realización del acto administrativo impugnado.

La magistrada esgrime jurisprudencia del Tribunal Supremo para subrayar que el Ejecutivo municipal no puede ejecutar un acto administrativo que ha sido recurrido y sobre el que se han solicitado medidas cautelares.

A su juicio, es "evidente" que la administración, al haber ejecutado el acto administrativo pese a conocer la tramitación de la medida cautelar, "hurtó tal competencia al órgano judicial" en los términos empleados por el Tribunal Supremo.