El Gobierno replicará a la vía unilateral con medidas coercitivas

El Gobierno central tiene sobre la mesa un plan con medidas jurídicas y "coercitivas" para evitar la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Catalunya. El aviso llegó este miércoles en los pasillos del Congreso de fuentes de la Moncloa que pidieron anonimato, según la agencia Europa Press. Horas después, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con Inés Arrimadas en la Cámara baja y al acabar se vio rodeada de periodistas que le pidieron información más detallada sobre esas "medidas coercitivas", pero la impulsora de la llamada operación diálogo se escabulló sin desmentir la información. Dejó todo el protagonismo a su segundo en Administraciones Territoriales, el secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, que en rueda de prensa afirmó que el Ejecutivo tomará medidas "proporcionales" a los pasos que vayan dando los independentistas.

¿Puede garantizar que las urnas no se van a poner? "Yo de lo que estoy seguro es de que el referéndum no se va a celebrar", respondió Bermúdez de Castro. "Cada vez que ellos han tomado una decisión ilegal, al día siguiente el Gobierno actúa", subrayó en otro momento. Las fuentes de la Moncloa que habían hablado poco antes explicaron que el Gobierno central ha diseñado una respuesta global con la ayuda de los ministerios de Presidencia, Interior y Educación, entre otros, para estar preparados ante cualquier escenario que plantee la Generalitat de Carles Puigdemont.

Mariano Rajoy no está dispuesto a dejar que se celebre un referéndum soberanista defendido y organizado por el Ejecutivo catalán, a diferencia del 9-N del 2014 que gestionaron varias asociaciones. Por eso, ante los mensajes de la Generalitat de convocar una consulta antes del verano, la Moncloa ya ha pensado en las actuaciones que debería poner en marcha para evitar la colocación de las urnas y una de ellas sería precintar los colegios y "hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos". "La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte", respondió el ‘president’ en Twitter.

"No se dan cuenta de que precintando un colegio electoral no conseguirán nunca precintar el anhelo democrático de un pueblo", escribió por su parte en esa red social Raül Romeva, ‘conseller’ de Exteriors.

EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

En los momentos de más tensión entre Madrid y Barcelona estos últimos años siempre ha surgido la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, conocido como el de la suspensión de la autonomía. El Ejecutivo lo ha utilizado como amenaza directa en muy contadas ocasiones, pero muchas otras veces hace referencia a él entre líneas. Fue el caso de este miércoles.

El día fue largo en el Congreso de los Diputados y el desafío soberanista también se trató en el hemiciclo en la sesión de control al Gobierno. La vicepresidenta respondió una pregunta del diputado de ERC Joan Tardà sobre qué respuesta va a dar el Ejecutivo central a la voluntad "firme y mayoritaria" del pueblo catalán de convocar un referéndum. Sáenz de Santamaría contestó: "La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Catalunya y de España que es la Constitución española, que ampara nuestra democracia, protege los derechos de todas las personas y pone freno a los abusos de los gobernantes".

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Fuentes de la vicepresidencia señalaron después, con toda la polémica sobre las "medidas coercitivas" en su apogeo en el Congreso, una obviedad que no es tal en este contexto: esa referencia general a la Constitución también incluye la posible aplicación del artículo155.

Esta norma señala que si el presidente de una comunidad no atiende las obligaciones que la Carta Magna marca o atenta "gravemente" contra "el interés general de España", el Gobierno puede adoptar "las medidas necesarias" para exigirle el "cumplimiento forzoso de dichas obligaciones". No obstante, numerosos juristas advierten de que sería de muy difícil aplicación porque no están claras las medidas que habría que adoptar y cómo habría que llevarlas a la práctica. De hecho, algunos expertos consideran que sería necesario desarrollar antes una ley orgánica para evitar problemas jurídicos.

Fuentes del Gobierno explicaron que la actitud del Ejecutivo es una muestra de la "decepción y preocupación" por la falta de gestos de las instituciones y partidos soberanistas catalanes ante la oferta de diálogo que han estado planteándoles.

En las próximas semanas se podrá comprobar si la operación encabezada por Sáenz de Santamaría queda definitivamente suspendida o, como decía en privado un miembro del Ejecutivo central, Puigdemont encuentra una excusa para romper con "la radicalidad" (de la CUP) y se rebaja la tensión.

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