Los cursos de formación fueron el "negocio del siglo" según un testigo protegido

La adjudicación de los cursos de formación para desempleados se convirtió en el “negocio del siglo” para la Junta de Andalucía, según reiteró ayer un funcionario de la administración regional que fue responsable de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional en Sevilla durante dos décadas. Teodoro Montes fue considerado testigo protegido en la investigación judicial que emprendió la juez Mercedes Alaya para esclarecer las supuestas irregularidades de los cursos de formación tras desvelar la trama de “pingües beneficios, influencia, poder y relaciones” que ayer repitió en la comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento de Andalucía.

Montes fue citado este viernes después de que el pasado mes de marzo se aplazara su comparecencia por sentirse indispuesto. Acudió en varias ocasiones a las fuerzas de seguridad para denunciar las graves irregularidades que decía observar, pero sus advertencias solo fueron atendidas cuando la denuncia fue directa a la juez Alaya, que le otorgó la condición de testigo protegido. Así, ayer no se pudo ver su imagen en las cámaras del circuito cerrado de televisión que ofrecen las comparecencias parlamentarias, y solo se pudo escuchar su voz.

Ante los ojos más o menos atónitos de los parlamentarios andaluces se mostró implacable. “En la formación entiendo que ha habido un Gobierno que ha planificado de principio a fin” y “ha marcado directrices de personas e instituciones, ubicando de forma singular a personas que se prestan a cosas…”. “Si esas personas además hilvanan con personas, instituciones, fundaciones o ayuntamientos…” dijo alentando la tesis a la que dio alas la juez Alaya también en el caso de los ERE fraudulentos. Que todas las irregularidades con los fondos destinados al empleo se produjeron por decisión del ejecutivo socialista con el objetivo de lograr una paz social que se traducía en réditos electorales. A esa connivencia de los altos cargos se sumarían además, precisó Montes, un número insuficiente de técnicos para controlar los cursos “y que los superiores se prestan a cosas y ponen un velo difuso”.

Montes dijo tener claro que “sí se ha perdido” dinero público. La Junta de Andalucía cifra en 632 millones el dinero destinado a estos cursos que aún está en fase de justificación, y reclama en firme casi 72 millones que no han sido justificados debidamente. Asimismo, la Consejería de Economía ha reconocido que desde que se dejaron de ejecutar estas ayudas en 2011, se han dejado de gastar 800 millones de euros. En 2012 se tuvieron que devolver a las arcas del estado 200 millones de euros al no llevarse a cabo los cursos, y desde entonces ese dinero ni siquiera ha llegado al no convocarse los cursos. Las sucesivas operaciones llevadas a cabo en el marco de estas investigaciones se han saldado con cientos de detenidos.

EL 'MODUS OPERANDI'

El exfuncionario, que fue detenido por la Policía Nacional en julio pasado al considerar que podría haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental, también dio detalles del 'modus operandi', que calificó de “desastre y caos” una vez que las competencias pasaron del área de Educación a Empleo. Como ya dijera ante la juez, sostiene que hubo “trato muy favorable” a la patronal andaluza CEA y a los sindicatos UGT y CC.OO., que incumplían la normativa sin que nadie les dijera nada; indicó que hubo subvenciones “abusivas y humillantes” de unas entidades respecto a otras, y apuntó la existencia de una “una red clientelar” de entidades asociadas a los empresarios. Entre otras irregularidades, que llegaban incluso a hacer “inviables” la celebración de los cursos, ha mencionado por ejmplo que se presentaban decenas de propuestas de cursos un día antes del plazo, homologaciones inadecuadas y equipamientos “muy deficientes y que en algunos casos no existían” o concesión de ayudas que no eran publicadas en el BOJA.

En algunas ocasiones, las sedes de esos cursos eran las propias sedes de los sindicatos o del PSOE, que a menudo “dejaban  mucho que desear” por su inadecuación a la materia del curso en concreto. También ha corroborado las investigaciones policiales al hablar de cursos fantasmas o suplantación de alumnos. Y todo ello con la anuencia de los superiores. De hecho, relató como anuló un curso a CC.OO. por irregularidades y sus jefes no se lo permitieron.

El truco para conseguir beneficios, relató, radicaba en los sueldos de los docentes y los gastos varios, como los destinados a adquisición de material para los cursos y donde “no había racionalidad” alguna. En su opinión, el negocio “llegó a ser tan lucrativo que en 2010 hubo una avalancha” de peticiones de cursos que era imposible de supervisar por los técnicos. Ante ese escenario, la Junta optó por una “decisión salomónica”: los beneficiarios debían presentar una “declaración jurada” para así dar comienzo cuanto antes a los cursos. “Algunas no había por donde cogerlas”, resumió, considerando que “la formación da beneficios, si no solo acudirían los timoratos, pero los que acuden son aguilillas”.

A su juicio, la situación no ha mejorado. Es más, Montes se refirió a la decisión de la actual presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz de retomar los cursos de formación y consideró que “difícilmente se están subsanando los problemas que hubo y se están haciendo peor desde la paralización”.