Otro centenar de implicados en el fraude en cursos que pagó la Junta

Hasta siete provincias andaluzas se despertaron ayer inmersas en una macrooperación policial contra el fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene previsto detener entre esta y la próxima semana a un centenar de personas implicadas en el caso, entre ellas una treintena de altos cargos de la administración de anteriores legislaturas que supuestamente otorgaron las ayudas.

Se trata de la tercera fase de la operación Edu, iniciada en primavera del pasado año y que investiga la obtención irregular de fondos públicos para cursos de formación para el empleo que no se llegaban a realizar o que presentaban irregularidades varias en las empresas ofertantes, desde falsificación de datos hasta no cumplir los requisitos para acceder a las ayudas o  de contratación posterior de los alumnos.

Fuentes policiales explicaron que entre los detenidos ahora se encuentran empresarios ubicados en Sevilla que percibieron las ayudas. En Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería, sin embargo, los arrestos están centrados en altos cargos y funcionarios de la administración regional. Se trata, dijeron, de  delegados provinciales de Empleo, jefes de servicio, jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y técnicos de seguimiento, aunque también hay empresarios. Los investigadores les achacan los supuestos delitos de estafa, fraude en las subvenciones y falsedad documental por las irregularidades en la concesión de ayudas.

La operación policial es similar a la que desarrolló hace meses la Guardia Civil por orden de la jueza Mercedes Alaya, que investiga los mismos delitos y que dictó la orden de detención de algunos de los exdelegados provinciales arrestados también ahora, lo que deja en evidencia que ambas investigaciones se solapan.

Las pesquisas de la UDEF vuelven a colocar en el punto de mira al exconsejero regional de Hacienda reconvertido en empresario de formación Ángel Ojeda, detenido en agosto pasado y cuyo entramado de sociedades percibió más de 30 millones de euros «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos», según constató la jueza Alaya al imputarle.

La oleada de detenciones coincide con la nueva ronda de contactos para lograr la investidura de la socialista Susana Díaz. La primera reunión fue con el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con quien parecía haber un acercamiento que ayer se descartó de pleno. Hay coincidencias en materia programática, explicó Moreno, pero el PSOE rechaza dejar gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos, como pide el PP. Moreno criticó la «soberbia» de Díaz y planteó  al presidente del Parlamento que presente otro candidato alternativo para poder seguir negociando.