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presunto blanqueo de capitales

El fiscal estrecha el cerco sobre Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre

El ministerio público pide que el expresidente madrileño comparezca como investigado por el ático que posee en Estepona

El fiscal estrecha el cerco sobre Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre

JOSÉ LUIS ROCA

Ignacio González y Esperanza Aguirre, en una reunión del comité de dirección del PP de Madrid.

EL PERIÓDICO / MADRID

Viernes, 26 de febrero del 2016 - 14:04 CET

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se tome declaración como investigados al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el caso del ático que posee el primero de ellos en Estepona (Málaga).

La petición se ha formulado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, donde prestó declaración por esta causa el comisario José Manuel Villarejo el pasado 1 de febrero. Junto a Villarejo también habían sido citados a declarar por el mismo asunto ese día el comisario Enrique García Castaño y Enrique Cerezo, aunque este último no acudió a la cita tras alegar motivos médicos.

EL CASO

Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre que fue apeado por el partido para encabezar la candidatura del PP para las últimas elecciones autonómicas (se eligió finalmente a la actual presidenta, Cristina Cifuentes), dispone de un ático en Estepona que primero lo tenía arrendado y posteriormente pasó a su propiedad. Durante unas pesquisas policiales se grabaron una serie de conversaciones telefónicas de las que los investigadores desprendieron la posibilidad de que se estuviera cometiendo un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales.

El caso viene de lejos. El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) solicitó a Hacienda en una providencia fechada el 9 de enero del 2013 que le remitiera toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la antigua propietaria del ático que compró González. Esta decisión se enmarcó en las diligencias previas abiertas el pasado 25 de octubre tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en relación a ese inmueble. El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático que alquilaban González y su esposa, y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.

Según el SUP, Pedro Javier Villate vendió en el 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor. "Al momento de la trasmisión", según los denunciantes, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona, unos "6.000 euros al mes" y pagados a una empresa "sin actividad".

ORIGEN DUDOSO DE FONDOS

El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital". Y todo ello "eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad".

El SUP explicó que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo del 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio del 2010, fecha en la que fue abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica no representatividad alguna.

No obstante, el SUP aseguró que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad". El sindicato subrayó que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".

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