La ANC y Òmnium presionan al PDECat para aprobar la ley de transitoriedad antes del 1-O

El primero de octubre finaliza una etapa y, con ella, los frecuentes desencuentros en el bando independentista sobre esta hoja de ruta, a expensas de que el 2-O nazcan de nuevos, claro. Y parece que hay prisa por aventar las diferencias con el fin de hallar rápidos acuerdos. Aun con la ley del referéndum en el alero, sin saber si será admiitida a trámite en el Parlament o bien se dará curso mediante decreto por el Govern, los actores del ‘procés’ han puesto en juego ya el siguiente contencioso, si acaso el último. La ley de transitoriedad jurídica o, simplemente, ley de desconexión de España. En las últimas horas tanto la CUP como las entidades soberanistas (ANC y Òmnium) han pedido que se apruebe antes del referéndum, a sabiendas de que el PDECat es reacia a ello. ERC, como acostumbra, no hace público su disparidad de criterio con los posconvergentes, pero intramuros opinan como las entidades y, también, como los anticapitalistas.

La ley de desconexión se configura como una serie de preceptos de inmediata aplicación tras la proclamación de independencia. Es, de hecho, una declaración de independencia pero redactada en artículos y desmenuzada por capítulos. Los secesionistas consideran que se debe de aprobar antes del referéndum con la salvaguarda de que entre en vigor si vence el sí y aplicarse automáticamente cuando se den los resultados oficiales del referéndum que, contando con el escrutinio del voto por correo, no sería el mismo día uno, sino algunos días después.

La trinchera independentista, excepto el PDECat considera que entre el escrutinio i la independencia real no cabe realizarse ningún otro trámite. En el PDECat, o como viene siendo habitual, algunos sectores del partido, piensan que es mejor aprobarla en el Parlament tras el referéndum.

La ley en sí, esa declaración articulada de independencia, constituye,obviamente un delito de sedición y, por tanto, fuerza una mayor respuesta del Estado. Aunque se incorpore la salvaguarda de la entrada diferida. Quiizá por ello, la diputada de la CUP Anna Gabriel reclamó en días pasados que se apruebe en plena campaña del referéndum, es decir, en la segunda quincena.

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha unido su voz este jueves al coro de voces que reclaman la aprobación pre-referéndum. Para Sánchez es deseable que la ley de transitoriedad esté "preparada y aprobada" antes del 1-O para que, en caso de que salga una mayoría de votos en favor de la independencia, se pudiese "culminar" el proceso separatista.

Llamada a la calma

El nuevo presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, el posconvergente Lluís Corominas (que sustituye a Jordi Turull, flamante ‘conseller’ de Governació) ha reiterado que explicarán el contenido de la ley este mes, por lo que ha negado que intenten esconder su redactado, y se ha mostrado convencido de que también se pondrán de acuerdo en el procedimiento para tramitarla.

Así, ha negado que haya discrepancias entre JxSí y la CUP sobre esta cuestión, y ha aventurado que habrá un acuerdo al respecto: "La tramitaremos de acuerdo con todo el mundo. Cada vez que hemos tenido algún problema de este tipo nos hemos puesto de acuerdo en el calendario y la tramitación, lo hemos superado".

Sobre el asunto previo, aun en el alero, la ley del referéndum, Corominas ha negado el nerviosismo que les atribuye el Gobierno de Mariano Rajoy. Fuentes del Govern han explicado a este diario que la no inclusión en el orden del diía de la Mesa del miércoles obedece a la voluntad de dejar menos tiempo de maniobra al Ejecutivo central.”Queda tiempo para que cuadren los tiempos de tramitación” ha sentenciado, segura, esta voz.

La única certeza que prevén todos los actores independentistas es que se llegará a un acuerdo. Básicamente porque lo contrario, tras cinco años de ir salvando escollos y desencuentros parece francamente imposible.