La CUP sostiene que el Govern ya tiene censo electoral para el 1-O

Una de las incógnitas del 1-O1-O, el censo, está atada ya, según asegura la CUP que le ha garantizado el Govern. "Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de dónde sale. Lo que pasa es que no lo haré público", ha afirmado este jueves, sin desvelar ningún detalle más, el diputado anticapitalista Benet Salellas. "Es dramático, pero es así", ha dicho justificando ese secretismo en una entrevista de Europa Press.

Salellas admite que el silencio que mantiene su partido respecto de la organización del referéndum "ni es sano ni es democrático ni entra en una lógica política normal", pero defiende que es imprescindible por el rechazo frontal del Estado al referéndum y las investigaciones judiciales puestas en marcha sobre al 1-O.

El diputado sostiene que los 'cupaires' han fiscalizado al Ejecutivo de Carles Puigdemont preguntando, controlando y supervisando los preparativos del referéndum unilateral y que, fruto de esto, han recibido información del Ejecutivo que ha hecho "que este Govern exista a día de hoy". "Si hubiéramos visto que el referéndum no avanzaba en la buena dirección, teníamos la obligación de denunciarlo y de hacer caer a este Govern", ha añadido.

La ley de transitoriedad

La CUP sigue, mientras tanto, presionando para que la ley de transitoriedad que impulsa junto a Junts pel Sí se apruebe antes del referéndum y ha asegurado que, si la coalición soberanista no quiere sacarla adelante antes del 1 de octubre, está dispuesta a tramitarla en solitario en el Parlament.

Salellas ha explicado que este escenario se plantea porque en el seno de JxSí hay disparidad de criterios sobre qué hacer con esta ley: algunos son partidarios de aprobarla antes del 1-O, mientras que otros sostienen que solo puede aprobarse si gana el 'sí' en el referéndum, ya que es la ley que sienta las bases para un proceso constituyente en Catalunya. 

La ley de transitoriedad jurídica es la que para la formación anticapitalista marca la diferencia con el 9-N. "Para nosotros y para una parte importante del independentismo, esta ley tiene que estar aprobada antes del 1 de octubre porque es lo que hace vinculante el referéndum", ha defendido el diputado.

La denuncia contra la Guardia Civil

Por otro lado, la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pedirá el archivo de la denuncia presentada por la Generalitat contra los agentes de la Guardia Civil que participaron en los interrogatorios a altos cargos en relación al 1-O. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado citadas por la agencia Efe, lo harán "por la manifiesta improcedencia" de la denuncia.

El juez que investiga los preparativos del referéndum unilateral mostró este miércoles su apoyo a la labor de la Guardia Civil, resaltando que los agentes le comunicaron previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su función de policía judicial.