¿Hacia el tripartito balear?

La resaca electoral en Baleares ha dejado un PP descabezado y crispado y una izquierda que intensifica los contactos para alcanzar un pacto tan obligado como complejo. Por primera vez desde la transición democrática, las urnas posibilitan un gobierno de izquierdas sin aderezos liberales, con la suma del PSOE, Podemos y los ecosoberanistas de Més. El archipiélago ha sido tradicional feudo conservador, con la excepción de dos mandatos, en los que el socialista Francesc Antich orquestó sendos pactos que requirieron de la participación de la extinta Unió Mallorquina (UM), con la que acabó rompiendo por la corrupción.

Bajo la batuta de José Ramón Bauzá, los populares han caído de los 35 a los 20 escaños de un total de 59 en juego, dejándose por el camino un 40% de los sufragios obtenidos en el 2011. El PP sigue siendo la fuerza más votada, pero ha cosechado su peor resultado desde 1983. No tiene opción de gobierno en ninguna de las principales instituciones de las islas (Parlament, consejos insulares y Ayuntamiento de Palma), además de registrar un notable retroceso municipal.

El magro resultado de Ciudadanos, con dos diputados, deja a los populares a ocho escaños de la mayoría absoluta. Ni siquiera podrían alcanzarla con el apoyo de los tres diputados del PI (Proposta per les Illes Balears), fuerza regionalista alumbrada por escindidos del PP y UM que han comido mucho terreno en los feudos conservadores. La catástrofe y el desahucio ha sido de tal magnitud que, además de Bauzá, también han anunciado su marcha los presidentes del PP de Menorca, Ibiza y Palma. Todos ellos han avanzado que no se presentarán a la reelección en el cargo en el 2016.

En cambio, Bauzà ha planteado anticipar su relevo en el partido con un congreso extraordinario en septiembre, manteniendo el acta de diputado. Desde la dirección nacional del PP le han desautorizado y ordenado que espere a las elecciones generales de noviembre para convocar el congreso. Otras voces, por el contrario, reclaman inmediatez en los cambios. En la reunión de la junta regional de esta semana, el expresidente autonómico Gabriel Cañellas fue ovacionado cuando exigió a Bauzá la renuncia inmediata y el nombramiento de una gestora. El debate sigue abierto mientras emergen quinielas de posibles sustitutos, como el consejero de Agricultura, Biel Company, y el alcalde de Palma, Mateu Isern, defenestrado por Bauzá por gozar de mayor popularidad.

Los primeros contactos para la consecución de un gobierno progresista ponen de manifiesto la dificultad del acuerdo que nadie quiere frustrar. Se negocia en Palma, pero sin quitar el ojo a Madrid, donde los líderes del PSOE y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, marcan las líneas rojas. Desde Podemos se ha advertido de que no participarán en gobiernos con el PSOE en la presidencia, aunque no descartan facilitar investiduras y dar apoyo externo.

Este escenario daría paso a un gobierno en minoría en Baleares, integrado por PSOE y Més, y con la socialista Francina Armengol al frente. Alberto Jarabo, líder de Podemos en Baleares, que ha irrumpido en el Parlament con 10 diputados, y Biel Barceló, de Més, que ha duplicado resultados, tantean las posibilidades de un acuerdo previo entre ambas fuerzas para llamar después a la puerta del PSOE e invitarle a sumarse, a fin de romper su papel de fuerza hegemónica del bloque progresista.

Armengol se hace valer

La socialista Armengol, que en estas elecciones ha perdido cuatro diputados y se ha quedado con 14, hace valer su posición de primera fuerza de la izquierda para reforzar su posición. Este fin de semana se intensificarán los contactos de una negociación que se prevé larga, ya que entran además en juego las variables institucionales de los diferentes consejos y del Ayuntamiento de Palma.

La proximidad de los programas electorales puede facilitar la hoja de ruta común en asuntos como la derogación del trilingüismo y de la ley de símbolos que marcaron el gobierno de Bauzá, así como la necesidad de un pacto educativo y una nueva legislación urbanística y medioambiental. Otras medidas de índole económica pueden resultar de más difícil encaje, aunque no se atisban escollos insalvables, incluida la ecotasa.