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Abogados y juristas piden el archivo del 'caso herriko tabernas'

En octubre se sentarán en el banquillo, entre otros dirigentes, Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach

AITOR UBARRETXENA / San Sebastián

Martes, 9 de julio del 2013 - 18:45 CEST

Interior de una herriko taberna con imágenes de miembro de banda terrorista ETA.

Un grupo de 17 abogados, juristas, catedráticos universitarios y periodistas han solicitado hoy el archico del denominado caso de las 'herriko tabernas', en el que están imputados 40 personas, entre ellas dirigentes de la izquierda aberzale como Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Joseba Permach. En un acto celebrado en Bilbao, han firmado un manifiesto en el que califican el juicio como un "disparate en el actual momento histórico", además de "un error, un desfase y un obstáculo para la construcción de una convivencia democrática".

El profesor de Derecho Penal Rafa Sainz de Rozas y el catedrático de Ciencia Política Pedro Ibarra han leído dos manifiestos en los que denuncian que se pidan "elevadas penas de prisión" a "unos dirigentes políticos y a unos militantes de unas organizaciones políticas que eran legales en el período de los hechos enjuiciados". También censuran que estén encausados en base exclusivamente a informes policiales "que, sin ningún apoyo probatorio, construyen una especulativa historia". Este pronunciamiento está apoyado igualmente por el abogado Txema Montero; el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, y el representante de la plataforma Lokarri Paul Ríos. Todos ellos han solicitado a la ciudadanía vasca que se adhiera a la petición de archivo del caso.

El sumario 35/02 sentará en octubre en el banquillo a 40 personas, entre ellas Otegi, Etxebarria y Permach, junto a miembros de asociaciones culturales, deportivas y gastronómicas. Están acusados de delitos relacionados con la gestión económica de las 'herriko tabernas' (sedes sociales de la izquierda aberzale) y pertenencia a banda armada por supuesta financiación de ETA. El proceso se inició en el 2002, cuando el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó auto de prisión contra los detenidos por fraude en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades, en el IVA, por delito de Seguridad Social, doble contabilidad y pertenencia a ETA.

Los firmantes del documento han expresado que se trata de "un nuevo juicio político" que representa un ataque al pluralismo de la sociedad vasca. Además, expresan que es especialmente incomprensible que el juicio se celebre ahora, cuando la izquierda aberzale rechaza la lucha armada y ETA la ha abandonado, "gracias entre otras razones a la notable contribución de varios de los encausados". El abogado Félix Cañada ha explicado que al grupo de personas que está detrás del manifiesto les une "una larga trayectoria de la defensa de las libertades públicas y derechos fundamentales", tanto para "rechazar el terrorismo de ETA", como "para denunciar las vulneraciones de las libertades fundamentales".

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